Militares vigilan la carretera que une a la ciudad de Esmeraldas con San Lorenzo. Foto: archivo / EL COMERCIO
En la Pro forma elaborada para el próximo año, el presupuesto para Defensa se reduce en USD 69,3 millones. El documento, que debe aprobarse hasta el viernes, señala que de USD 1 527 millones en el 2018 pasará a 1 458 millones en 2019.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, advierte que esa reducción del 4,54% “no está dentro de las aspiraciones y necesidades de FF.AA. y que eso implicará que el próximo año únicamente se continúe con los proyectos que ya están en marcha y financiados.
De hecho, en la Pro forma 2019 se identificaron 18 proyectos a ejecutarse. Por ejemplo, se destinarán USD 14,4 millones para la recuperación de la capacidad y movilidad militar en la frontera norte.
Los soldados que operan en ese sector son movilizados por tierra y por aire. Pero apenas opera un helicóptero de transporte. Los militares dicen que lo ideal sería tener al menos cinco. La movilización aérea reduce los riesgos, pues en poblados como Labores Agrícolas, Corriente Larga o Mataje Viejo han encontrado 12 explosivos, similares a los que terminaron con la vida de cuatro marinos, el pasado 20 de marzo.
Estas bombas son caseras, elaboradas con combustible y explosivos. Tienen capacidad para afectar un área de 60 o 70 metros. En el interior de un tanque incluso se hallaron cohetes elaborados con tubo de plástico y explosivos.
Para la movilización por tierra también necesitan más vehículos. “Con los equipos que tenemos estamos para cumplir la misión”, dice un soldado.
Tras la crisis que se desató desde el 27 de enero, cuando estalló el coche bomba en San Lorenzo, los militares han recibido radios, municiones, dinero para mantener las lanchas, guantes, linternas, etc.
En la Pro forma aparecen inversiones para fortalecer los radares, para recuperar la capacidad operativa de la denominada Fuerza de Reacción de la FAE, para mejor la infraestructura de las guarniciones militares, para el fortalecimiento de la Infantería de Marina en las zonas fronterizas.
Tras el ataque terrorista en el cuartel de San Lorenzo, desde Guayas se enviaron dos lanchas para reforzar los patrullajes en San Lorenzo y Eloy Alfaro, dos cantones afectados por la presencia de armados.
Para adquirir armamento calibre mayor y menor para las tropas se destinarán USD 4,1 millones. El personal que está en la frontera norte opera con fusiles de asalto HK, calibre 5,5 mm, con un alcance de disparo de máximo 750 metros. El 21 de febrero, el entonces comandante del Ejército, Édison Narváez, habló de los ataques de disidentes y dijo que los fusiles “tienen casi 30 años de vida”.
El ministro Jarrín asegura que están “conscientes de la realidad económica del país”.
El 22 de agosto, el Ministerio de Defensa anunciaba un plan para fortalecer a las FF.AA.
Esa planificación implicaba que en los siguientes cinco años se entreguen USD 108 millones para mejorar la vigilancia, el despliegue del personal, las tareas de Inteligencia, la capacidad de maniobra, de supervivencia y para potenciar la logística militar.
Se habló de dinero para el Comando Conjunto, máximo organismo dentro de las Fuerzas Armadas, para el Ejército, para la FAE y para la Marina.
En ese entonces se dijo que se dará prioridad a los proyectos urgentes, como la adquisición de lanchas, municiones y chalecos. Además, cascos, porque los que se utilizan ahora no tienen incorporado un sistema de comunicaciones.
En medio de estos hechos, el Ministerio de Defensa habla de cuatro amenazas a enfrentar: el crimen organizado, la violación de la soberanía, el narcotráfico y el combate a grupos irregulares armados que operan en la frontera.
Estos grupos aún están activos. Por ejemplo, el pasado 6 de noviembre, militares que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas se incautaron de 100 kilos de cocaína en El Pan, un poblado fronterizo de la parroquia Mataje. La droga fue hallada en un carro y sus ocupantes huyeron.
Cinco días antes, en San Lorenzo se halló una bodega clandestina. En su interior se descubrieron 38 tanques con combustibles. En total había 2 090 galones, que iban a Colombia, para procesar cocaína. Por los controles en ese sector, los narcos han buscado rutas por Sucumbíos y Orellana.