15 de noviembre de 2018 00:00

Defensa reforzará filtros de ingreso a la carrera militar

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, impulsa un nuevo reglamento disciplinario. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, impulsa un nuevo reglamento disciplinario. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Cada militar está identificado con su nombre y grado. En total son 41 miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que han sido procesados en este año por narcotráfico, tráfico de armas, asociación ilícita y robos.

La cifra la reveló ayer (miércoles 14 de noviembre del 2018) Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, durante una rendición de cuentas. “Son hechos aislados, no son las Fuerzas Armadas, son estos individuos”.

Detalló que en la Fuerza Terrestre hay 33 miembros activos procesados penalmente, en la Fuerza Aérea son siete y en la Naval hay un militar. En proporción, los 41 uniformados representan en 0,1% de todos los miembros activos (alrededor de 40 000).

Sin embargo, solo en este año se han detectado cuatro organizaciones ilícitas integradas por militares activos; tres son por drogas.

El último hecho tiene relación con la detención de 13 personas (siete militares). La Fiscalía las acusa de proveer de municiones militares a alias ‘Guacho’, cabecilla del grupo armado Óliver Sinisterra.

Sobre este caso, Jarrín aseguró que las FF.AA. han dado “total apertura”, para que la Fiscalía y la Policía realicen sus indagaciones. Al mismo tiempo, los comandantes de las tres Fuerzas ordenaron inspecciones dentro de los rastrillos.

El resultado, según Jarrín, es que “no hay tráfico de armas; hay robo de munición y tráfico de esa munición para grupos de la frontera norte”.

Otra medida que ha dispuesto el Ministro para prevenir la filtración de redes ilegales en las Fuerzas Armadas es la elaboración de una ley de personal y un reglamento disciplinario. Además se anunció que se mejorarán los filtros de ingreso a la carrera militar. “Esto nos va a permitir consolidar los valores profesionales, de ética y desempeño profesional”.

La idea es acelerar el trámite disciplinario en contra de militares vinculados a procesos penales y así evitar que regresen de la institución armada.

En el caso del tráfico de armas, la Fiscalía dispuso nuevas diligencias. Ayer, por ejemplo, se debía tomar las versiones de los 13 sospechosos, entre estos hay seis soldados del Ejército con rango de cabos sargentos.

Pero las declaraciones no se pudieron realizar, porque los sospechosos no fueron trasladados desde los centros de rehabilitación social, en Esmeraldas y Cotopaxi, en donde se encuentran recluidos, hacia la Fiscalía General, en Quito.

Quienes sí llegaron fueron los equipos policiales de control de explosivos y antimotines, que se ubicaron afuera de la Fiscalía. También estuvieron presentes los abogados de los detenidos.

Erick Huilca, defensor de un militar, indicó que en este caso la Fiscalía ya ha recopilado las versiones de los comandantes que estaban a cargo del control de los rastrillos o bodegas. “Mi cliente no tienen mayor participación. Se lo relaciona por una simple llamada telefónica con un mensajero”.

Agregó que su defendido era rastrillero y que estaba a cargo de las bodegas de armas de Guayaquil, en donde no ha detectado equipo faltante.

Walter Arboleda, abogado de otro militar, también cuestionó las evidencias que hay contra su cliente. Dijo que este era chofer y que también se lo vincula por una llamada telefónica con otro compañero.

El fiscal del caso, Álvaro Gaibor, ha indicado que los agentes hicieron seguimientos, vigilancias e interceptación de llamadas telefónicas.

Desde la semana pasada, los peritos de Criminalística realizan la extracción de información digital que consta en los teléfonos celulares, computadoras y discos duros de los agentes que realizaron las operaciones encubiertas.

Para el ministro Jarrín, un mecanismo adicional para consolidar unas Fuerzas Armadas “profesionales y honestas” es también mejorar de forma constante las condiciones y capacidades operativas. Por eso, para este año las inversiones en el equipamiento militar suman USD 87 millones.

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