Defensa de Rafael Correa justifica seguimiento a Balda por espionaje

Este martes 28 de agosto del 2018, Alejandro Vanegas reiteró que Correa no volverá al país para su audiencia. Foto: API

Este martes 28 de agosto del 2018, Alejandro Vanegas reiteró que Correa no volverá al país para su audiencia. Foto: API

Este martes 28 de agosto del 2018, Alejandro Vanegas reiteró que Correa no volverá al país para su audiencia. Foto: API

Para Alejandro Vanegas, abogado del expresidente Rafael Correa, los seguimientos y vigilancias al político Fernando Balda tenían una razón: investigar un delito transnacional.

La nueva teoría del defensor es que Balda, en el 2012, estaba prófugo en Colombia y que por su situación jurídica “las instituciones de seguridad del Estado (de Ecuador) estaban investigando la posibilidad de la comisión de un delito transnacional de venta de aparatos o instrumentos de espionaje”.

Vanegas expuso este argumento este martes 28 de agosto, durante una rueda de prensa en la que también anunció que Correa no volverá al país ni se presentará en la audiencia preparatoria de juicio, que se hará el 18 de septiembre. Esto debido a que, para el jurista, en el Ecuador “no existe un Estado de derecho ni garantías legales del debido proceso”.

Por este caso, Correa es sospechoso de haber supuestamente intervenido en el secuestro del exlegislador, ocurrido en el 2012, en Bogotá. Junto con él son procesadas otras cinco personas, entre agentes de la Policía y exfuncionarios.

Después de la rueda de prensa, Balda se pronunció sobre los argumentos de Vanegas y lo acusó de “intentar confundir”. “Sería bueno que diga cuáles eran esas instituciones del Estado. Puesto que una investigación y seguimientos solo son legales si las ordena un juez por pedido de un fiscal, lo cual nunca existió”, agregó.

La teoría de que Balda aparentemente realizaba actividades de espionaje no es nueva, aunque hasta este martes no se la había asociado al secuestro.

De hecho, el tema del espionaje se sustenta en una demanda del 2009, cuando los entonces ministro de la Política, Ricardo Patiño, y el secretario de la Presidencia, Alexis Mera, denunciaron al exasambleísta por haber difundido una grabación de una conversación privada en la que se escuchan las voces de Correa y Patiño.

En junio pasado, después de que la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional, resolviera vincular al exmandatario al proceso penal por secuestro y asociación ilícita, también se volvió a mencionar la teoría del espionaje.

En ese momento, los asambleístas afines a Correa pedían que en la indagación contra el expresidente se consideraran las actividades que realizaba Balda en el vecino país. Dijeron que el exasambleísta se tomaba fotos con armas de fuego y que realizaba actividades ilegales en ese país.

El político respondió este martes a estas críticas. Dijo que en el 2012 tenía una vida pública en Colombia. “Frecuentemente daba entrevistas a medios colombianos e internacionales. Es decir, circulaba libre y ejerciendo mis derechos”.

Según Raúl Chicaiza, agente de la Secretaría de Inteligencia quien recoció haber organizado el secuestro de Balda, días antes del hecho ilegal, él se presentó ante el político como un empresario ecuatoriano que estaba interesado en adquirir equipos de vigilancia y de seguridad en Colombia.

Ahora, Balda cree que el agente intentaba inculparlo en algún delito relacionado a la venta de equipos de espionaje.

Para el abogado de Correa, Chicaiza mintió al afirmar que se reunió con Correa para tratar sobre el secuestro. Y dijo que esto se evidenciará ante la jueza, en la próxima audiencia.

En la rueda de prensa aprovechó para exponer lo que él cree es “una serie de irregularidades”. Por ejemplo, cuestionó que el proceso penal sea dirigido por Paúl Pérez, fiscal general encargado.

“Rafael Correa considera que el actual Fiscal es una autoridad que no tiene nombramiento válido y ha sido puesto en una calidad que no está prevista en la norma”.

El jurista también cuestionó que la Fiscalía General anunciara como evidencia contra Correa un informe preliminar sobre la investigación del secuestro a Balda, elaborado por el perito Cristhian Arteaga Meza. “El documento está lleno de sugestiones y no está validado por un sociólogo. El encargado del informe excede sus competencias y por eso pedimos la censura”, agregó.

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