Según el director de la entidad, Leonardo Orlando, los exportadores habituales se beneficiarán de un esquema de devolución mensual del ISD. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
La Ley de Reactivación Económica, aprobada en diciembre del 2017 y que entró en vigencia desde enero del 2018, trae una serie de cambios, principalmente en el ámbito financiero y tributario, que se aplicarán entre el 2018 y el 2019.
En el plano tributario, los contribuyentes deberán considerar algunos cambios para la proyección de gastos -que se entrega en enero- para calcular el IR que pagará el 2019.
Del rubro de educación, ahora se pueden descontar los gastos de arte y cultura, aunque aún falta un reglamento.
Además, en el caso de salud por enfermedades catastróficas del contribuyente o de las cargas familiares se podrán deducir hasta USD 22 540. La Ley incorpora como carga a los padres. Si ellos reciben pensión, esta debe ser menor a un salario básico unificado.
Para las empresas, las reformas que se aplicarán este año se relacionan con el cambio al cálculo del anticipo al impuesto a la renta (IR).
Así, las compañías podrán quitar los sueldos y salarios, las decimotercera y decimocuarta remuneraciones y aportes al seguro social obligatorio del rubro de costos y gastos. También se eliminan los gastos por generación de nuevo empleo y por la adquisición del monto de activos productivos.
Estas modificaciones a la fórmula se tendrán en cuenta para el pago del anticipo del IR del 2018, cuya primera cuota se cancela en julio y la segunda, en septiembre de este año.
La obligación de llevar contabilidad para las personas naturales, en la que se incluyen a profesionales, que registraron ingresos mayores a USD 300 000 en el 2017, deberán cumplir con la disposición a partir de enero de este año, según el experto tributario Napoleón Santamaría.
La devolución del impuesto a la salida de divisas (ISD) para las actividades de exportación también es un beneficio que rige este año. El SRI deberá regular el tema. Según el director de la entidad, Leonardo Orlando, los exportadores habituales se beneficiarán de un esquema de devolución mensual de este tributo.
La Ley también dispuso un incremento del 22% al 25% del IR. El alza se hará efectiva para el ejercicio fiscal del año 2018, pero se cancelará desde marzo del 2019. Ese también se aplicará el cobro del 22% del IR para microempresas y exportadoras habituales. El 2019, además, regirá la deducción de USD 11 270 para el cálculo del IR de microempresas.
Christian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Comercio de Pichincha, dice que los incentivos son positivos, pero que el gremio esperará seis meses para evaluar los resultados de las reformas.
Andrés Robalino, titular de Cámara de Industrias de Cuenca, no coincide con esta lectura. Para el directivo, estas reformas no fueron consideradas como las planteó el sector en el diálogo con el Gobierno.
En el ámbito financiero, el traspaso del manejo de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador (BCE) a las instituciones financieras privadas se cumplirá hasta marzo, según la gerenta de la entidad, Verónica Artola.
Aunque los bancos y cooperativas ya están facultados para abrir cuentas de medios de pago electrónicos, todavía faltan algunos temas operativos, como el ajuste de tarifas.
Precisamente, la Ley señala que la Junta de Política y Regulación Monetaria establecerá la revisión de los costos de servicios financieros, dentro de los próximos 45 días.
En cambio, el traspaso del manejo de datos crediticios a la Superintendencia de Bancos debe cumplirse en un plazo de 270 días. La Ley estableció que el organismo de control podrá prestar este servicio a través de terceros, pero mediante un proceso de licitación.
Actualmente, la gestión de esta información está a cargo de la empresa privada Equifax.
Otros cambios, como la implementación de un sistema de cobro de pasajes con medios de pago electrónico, en ciudades con población mayor a 200 000 habitantes, se hará dentro de cuatro años.
En contexto
En noviembre del 2017, el Ejecutivo envió el proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica del país. Inicialmente se esperaba recaudar USD 200 millones en impuestos. Con los ajustes que se hicieron, esa cifra se redujo en USD 50