Decisiones

Columnista invitado

Hay momentos en la vida en que las opciones se vuelven dramáticas.  La política suele ser particularmente implacable.

La tradición latina occidental ha acuñado expresiones como “quemar las naves” o “echar la suerte” para resumir las situaciones extremas.  Se trata de esos instantes en que las decisiones son irreversibles, en que los protagonistas se juegan al todo o nada, en que la duda es más perjudicial que las posibles amenazas futuras.

Guardando las distancias y las proporciones, ese parece ser el punto al que ha llegado el grupo de asambleístas de Alianza País que ha planteado el juicio político contra el Fiscal General, en especial aquellos y aquellas que tienen aspiraciones políticas. Su posición, su insistencia y la expectativa que han generado en el país no admiten más opción que la lucha cerrada por la sanción, aun a riesgo de ser derrotados en la votación final.  Perder en una votación parlamentaria, y eventualmente quedar indispuestos ante el Primer Mandatario, son costos que serán compensados por una imagen pública favorable, de firmeza, rectitud y autonomía; recular, en cambio, implica defraudar la confianza ciudadana…  el fiasco total.

Y es que a estas alturas, después de todo lo que se ha dicho, ya no existen términos medios ni soluciones atenuadas, como lo insinuó uno de los  interpelantes, cuando explicó que el llamado a juicio solo pretende “espiar” al interior de la Fiscalía.  No, señor.  Porque la gravedad de ciertas acusaciones, en caso de ser probadas, no tiene otra respuesta posible que la destitución.  ¿O es que vamos a pasar por alto el pecadillo de haber repartido al interior de esa institución vehículos robados, tal como lo denunció el mismo asambleísta en cuestión?

No hay dudas de que este episodio se ha convertido en la papa caliente de la revolución ciudadana, al extremo de que ha inducido al Presidente a cometer una seguidilla de equivocaciones.  Una primera, de forma, al haberse alineado innecesariamente del lado del Fiscal; una segunda, de semántica, al haber asociado la falta de probidad notoria con una conducta criminal; y una tercera, de concepto, al querer borrar de un plumazo una institución centenaria como la inmunidad parlamentaria.

Pero los asambleístas de Gobierno que no apoyan el juicio también la tienen difícil, sobre todo por las amenazas del Fiscal de “desnudar” a sus detractores.  El ciudadano de a pie no necesita de mayor suspicacia para relacionar esas amenazas con su silencio y pasividad.  ¿Y si las evidencias resultan demasiado contundentes como para barnizarlas de cara a sus electores?

Mientras tanto, la oposición de derecha hace cálculos.  ¿Qué le irán a pedir al Presidente a cambio de salvar al Fiscal?