Si el año 2009 no fue fructífero para la consolidación institucional, 2010 se proyecta con incertidumbre porque los entes de control en época de transición no han dado respuestas contundentes, de manera especial en el combate a la corrupción, y los que administran justicia o deben contribuir con la indagación penal tampoco han sido oportunos.
Por ello la respuesta equivocada de seguir creando comisiones para investigar casos específicos no cambió la situación. Esto se refleja en los altos niveles de inseguridad ciudadana, que se intenta responder con la declaratoria de estado de excepción, que tampoco ha solucionado los problemas sino que han sido acciones disuasivas y de marketing político.
¿Acaso se ha agilizado la administración de justicia, se han depurado las instituciones, se ha eliminado la impunidad o cuánto se ha recuperado de lo que en periódicos informes presentan sobre irregularidades y glosas en la administración pública? La respuesta ha sido el lanzamiento de la pelota de una institución a otra, han pretendido llenar de justificativos cuando la gente no se traga el cuento y sabe que en un juicio de alimentos o de trabajo tienen que esperar meses y años para una audiencia.
La fiscalización de la Asamblea ha sido nula y vergonzosa. Los casos de impunidad sobran pese a que cometieran delitos flagrantes. Las irregularidades –admitidas por el Fiscal General Subrogante- en la administración del Ministerio del Deporte y cuyo jefe está libre. El escándalo por las irregularidades en la entrega de frecuencias, que con tanta vehemencia se criticó al pasado pero ahora se ha caído en lo mismo: el silencio y el olvido, pese a la existencia de dos informes. Lo que pasa es que cuando hay ropa tendida y juego de intereses, simplemente seguirá vigente la misma situación del pasado y la revolución ética resulta un cuento.
En esta nueva estructura institucional se desarrolla el proceso de conformación de la poderosa Función de Transparencia y Control Social, que deberá plasmarse con la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez tendrá el enorme poder de nombrar a las autoridades de control: Fiscal, Contralor, Procurador, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, vocales del Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y participar en la designación de la primera Corte Constitucional.
¿Quién garantiza que allá irán las mujeres y hombres más probos? Si uno se guía por lo que hasta aquí se ha hecho, se ha privilegiado la mediocridad (el manejo de la crisis eléctrica). Este Consejo tiene la responsabilidad de combatir la corrupción y lo que se hizo en la transición ha sido muy pobre. En la vida hay que juzgar por los resultados y la principal respuesta han sido las promesas.