23 de mayo de 2018 00:00

Debate por revisión de multas de Superintendencia de Comunicación

Andrés Michelena, secretario de Comunicación (centro), dialogó el lunes con representantes de medios. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Andrés Michelena, secretario de Comunicación (centro), dialogó el lunes con representantes de medios. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Diego Puente

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La eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y de los artículos de la Ley de Comunicación relacionados con sanciones administrativas y pecuniarias fue planteada por organizaciones civiles y gremios.

El cambio fue discutido desde hace varios meses en distintos foros nacionales y recogido en la reforma a la Ley de Comunicación, que el Ejecutivo envió a la Asamblea. Para César Ricaurte, de Fundamedios, esta y el resto de modificaciones van encaminadas a cumplir estándares internacionales sobre la libre expresión.

Entre el 2014 y el 2017, la Supercom fijó 717 sanciones, de las cuales 429 son económicas. La tercera transitoria señala que las sanciones pecuniarias impuestas por la Supercom hasta la fecha de expedición de las reformas deberán cumplirse, según la normativa anterior.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicación (Secom) no descartó que estos procesos sean susceptibles de una revisión e, incluso, se pudiera llegar a una anulación y revisión de multas, que fueron fijadas por el exsuperintendente Carlos Ochoa.

Este punto se viabilizará durante el trámite de la reforma a la Ley, por parte del superintendente que designe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Esta posible remisión de multas no está descartada del debate, indicó Ximena Peña, coordinadora de Alianza País. Aunque advirtió que las reformas y leyes no son retroacctivas. “Habrá que ver si fueron sanciones aplicadas de conformidad con la Ley o de manera abusiva”.

La cuarta transitoria, en cambio, dice que los procedimientos sancionadores que estén en trámite, concluirán en caso de que se aprueben las reformas.
Entre el 2014 y el 2017 se registraron 1 233 procedimientos administrativos abiertos de oficio o por denuncias.

Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatorina de Editores de Periódicos (Aedep), resalta la eliminación del linchamiento mediático y de otras figuras legales que considera se prestaban a la subjetividad del juzgador.

La necesidad de que haya menos representantes del poder político en el Consejo de Desarrollo de la Comunicación (Cordicom) y más miembros de la sociedad civil es un punto que no se tomó en cuenta, agregó Ricaurte.

Este 23 de mayo del 2018, a las 18:00, se reúne el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para calificar la normativa. El integrante de este organismo y asambleísta por Creo, Patricio Donoso, pedirá que los 11 proyectos de reformas a la ley, incluido el que envió el Ejecutivo, se tramiten en una comisión multipartidista especializada para que empiece el tratamiento lo antes posible.

Hay criterios divididos entre las bancadas sobre la eliminación de la Supercom y las funciones que pasarían a la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, el coordinador de Creo, Homero Castanier, adelantó que no apoyarán que la Defensoría tenga facultad de regular. “Quién nos garantiza que no venga otro Carlos Ochoa, pero ahora como defensor del Pueblo, y amedrente”.

Según la reforma, la Defensoría podrá actuar en casos de rectificación, réplica, posición de los medios frente a asuntos judiciales, petición de copias de programas impresos, revictimización o difusión de contenidos que vulneren derechos.

Para la legisladora de Acción Regional por la Equidad, Verónica Arias, no se debe suprimir la Supercom. “Necesitamos una institución que aplique la ley, que permita generar una regulación para que los contenidos estén de acuerdo con el ordenamiento legal”.

Añadió que la Defensoría no tendría una facultad coercitiva para que los medios cumplan con sus demandas en casos de violación de derechos.

Visita de la SIP

Este miércoles, a las 11:30, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reunirá con el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. Se analizará la reforma a la Ley de Comunicación, la seguridad de los periodistas y las políticas públicas en torno a los medios de comunicación.

La visita, liderada por el presidente de la institución, Gustavo Mohme, responde a una resolución de la asamblea de octubre pasado en Utah, confirmada en la reunión de Medellín de abril del 2018, tras el asesinato de tres trabajadores de EL COMERCIO. En la delegación también estarán socios locales de la SIP y representantes de la AEDEP.

La delegación de la SIP mantendrá una reunión con los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. También se reunirá con legisladores, representantes de entidades periodísticas y de la sociedad civil con el propósito de formular estrategias para garantizar la seguridad en el ejercicio periodístico.

La SIP está compuesta por más de 1 300 publicaciones del hemisferio occidental.

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