El debate sobre las reformas universitarias volverá el 17

El martes, a las 09:00, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el primer debate sobre las reformas a la Ley de Educación Superior, vigente desde 2000.

Mientras el sector universitario espera seguir con la discusión de cada uno de los artículos en la comisión tripartita, que, además de los legisladores, integran los delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Las universidades han sumado  más representantes a  los seis originales, más Marcelo Rivera,   presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Se integraron al grupo Édgar Samaniego y Carlos Cedeño, por las universidades Central y Estatal de Guayaquil, como centros históricos.

También están Washington Rodas, presidente de la Federación de Empleados y Trabajadores, y Yolanda Albán, de la Asociación de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

El asambleísta Jorge Escala, del MPD, integra la comisión de Educación, y mantiene discrepancias con la postura de sus compañeros. En su informe de minoría sostiene que hay que evitar que el Gobierno controle las universidades, ya que esto significaría silenciarle la voz, sacarlas del debate nacional y, por lo tanto, desmovilizarlas y desvincularlas de los procesos de lucha social.

Además, plantea que la gratuidad de la educación debe ser total, no debe entenderse como una simple subvención de la matrícula. “No es una beca, es un derecho. Por eso la gratuidad debe extenderse a todo lo que corresponde a la escolaridad del estudiante, todo lo que implica la carrera universitaria debe ser cubierta por el Estado, tal como lo plantea la disposición transitoria número 18 de la Constitución”.

César Montúfar, de Concertación Nacional Democrática, dijo que el proyecto de ley es claramente lesivo a la autonomía universitaria. “Pese a múltiples insumos presentados, se crearía la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, un Ministerio más, con capacidades reglamentarias. Si tienen o no que estar los rectores en el órgano de control debe determinar la comunidad universitaria, no un ministro”.

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