La sesión 628 del Pleno empezó el pasado jueves 31 de octubre de 2019, pasadas las 10:00. Daniel Mendoza (AP) presentó el informe sobre el texto. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La Ley de Crecimiento Económico, con la que el fisco prevé recaudar USD 731 millones en el 2020, no convence a cuatro bancadas de la Asamblea. AP, el bloque de Gobierno, también tienen reparos, pero defiende las reformas tributarias.
La iniciativa generó ayer fuertes críticas de diferentes bancadas en el primer debate del texto en el Pleno. Entre las principales observaciones están aparentes vicios de inconstitucionalidad (debido a que se reforman 22 cuerpos legales distintos), incrementos tributarios que gravan la actividad productiva y el consumo, así como las modificaciones en las funciones y atribuciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.
Daniel Mendoza (AP), quien preside la Comisión de Régimen Económico -que tiene a su cargo el tratamiento de la norma-, destacó y defendió las propuestas tributarias planteadas por el Ejecutivo en el documento. Pese a ello, reconoció que existen nudos críticos en determinados aspectos.
“Hemos identificado una buena cantidad de alertas y posiciones contrarias dentro de los legisladores miembros de la mesa sobre la autonomía del Banco Central, el hiperpresidencialismo que se mantendría en la reforma económica”, mencionó el legislador.
Al respecto, la legisladora Wilma Andrade (ID-BIN) sostiene que el nuevo esquema propuesto para el Central lo hace dependiente de la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, entidad cuyo Directorio será formado a partir de una terna sugerida por el Presidente.
Los miembros del Partido Social Cristiano (PSC) y de Revolución Ciudadana (RC) reiteraron el rechazo a la propuesta. Los legisladores de esos bloques argumentaron que la propuesta debilitará el consumo de los hogares, ya que aumenta el cobro de impuestos en algunos rubros. Además, señalaron que no promueve el desarrollo productivo y, por tanto, no generará crecimiento económico. Ambos grupos promueven el archivo del proyecto.
Esteban Melo (RC) intervino en el Pleno con un discurso cargado de advertencias. Dijo estar preocupado por la continuidad de la dolarización.
En esa línea, su compañero Esteban Lloret ve riesgos para la economía al eliminar el coeficiente de liquidez doméstica que deben cumplir las instituciones financieras. Al suprimir esto, las entidades no tendrán la obligación de mantener una determinada cantidad de recursos en el país.
El Gobierno ha defendido que el plan económico y las reformas contribuyen, más bien, buscan fortalecer el sistema dolarizado en el país.
El debate subió de tono cuando intervino César Rohón (PSC). Solicitó descartar el informe aprobado por la Comisión, el cual no tiene recomendaciones, y dar paso al informe de minoría elaborado por su compañero Henry Kronfle y Vicente Almeida.
Pidió que la Comisión elija a un nuevo ponente de la ley, porque el actual (Daniel Mendoza) no está capacitado. Y, además, pidió que otra persona dirija la sesión del pasado jueves 31 de octubre de 2019 en lugar del presidente de la Legislatura, César Litardo (RC), porque supuestamente se rompió el orden constitucional. Las dos mociones no prosperaron. La mayoría del Pleno no votó a favor de ellas.
Por parte de la bancada de CREO, el legislador Homero Castanier comentó que el debate de una ley urgente debe girar en torno a la generación de empleo y el impacto económico favorable que tendrá para la población. Pero, según el legislador, la discusión es solo sobre el beneficio de liquidez que obtendrá el Estado.
Aunque hay marcadas diferencias sobre la propuesta gubernamental, existe un claro objetivo en el que coinciden los legisladores y es que el proyecto no puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, lo cual implicará que se aprueben los ajustes propuestos sin modificaciones.
Representantes de todas las bancadas ratificaron en el debate que “no hay la intención de que el texto pase íntegro”.
Otro tema de coincidencia está en la remisión de intereses, multas y recargos para los créditos educativos.
Luego de nueve intervenciones, el presidente del Legislativo, César Litardo, suspendió la sesión del Pleno. La discusión se retomará después del feriado, el próximo 5 de noviembre. El primer debate podría demorar varios días, dijo Litardo.
Aspectos clave
Anticipo
El proyecto de Ley plantea la eliminación del anticipo del impuesto a la renta que pagan las empresas.
Estudiantes
La iniciativa plantea la remisión de los intereses, multas y recargos en los créditos educativos.
Fundas
La propuesta es gravar con USD 0,10 a cada funda plástica. Amplicaría solo para establecimientos grandes.
Plataformas
El planteamiento es gravar con un impuesto al valor agregado del 12% a servicios como Cabify, Uber, etc.
Telefonía
Se gravaría con el 10% de impuesto a los consumos especiales (ICE) a los planes móviles pospago.
Bebidas azucaradas
Incremento del 10 al 11% en el ICE que grava a estos productos y a las bebidas energizantes.
Contribución empresas
Firmas con ventas de más de USD 1 millón aportarían con el 0,1 al 0,2% de sus ingresos.
Incentivo
El impuesto a la renta baja en 10 puntos para las firmas de la Sierra Centro, debido a la afectación del paro.
ISD
Bajaría el impuesto a la salida de divisas de 5 a 2,5% en insumos y maquinarias, pero no habrá crédito tributario.
Autonomía al BCE
Se plantea pasar la política monetaria al BCE y crear un Directorio autónomo para su gestión.