23 de septiembre de 2019 00:00

58 días para debate de reforma electoral

Henry Kronfle, Héctor Yépez y Patricio Donoso, al fondo, dialogaron con el presidente, César Litardo (de espaldas). Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Henry Kronfle, Héctor Yépez y Patricio Donoso, al fondo, dialogaron con el presidente, César Litardo (de espaldas). Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

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Menos de dos meses: 58 días. Ese es el plazo que tiene la Asamblea Nacional para tramitar las reformas al Código de la Democracia.

De acuerdo con el cronograma planteado por el Parlamento, los cambios deberán ser aprobados hasta el 20 de noviembre, para que puedan surtir efecto en los comicios generales del 2021.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, manifestó que el tema es una prioridad para la Legislatura, luego de que el martes 17 de septiembre el Pleno aprobara las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Las jornadas de debate van a depender mucho del número de intervenciones que tengamos”, manifestó Ximena Peña (AP), presidenta de la Comisión de Justicia, encargada de procesar los cambios.

Peña anunció que propondrá al Pleno que las reformas electorales se debatan por partes, como se hizo con el COIP, en cuyo caso participaron 83 legisladores y se procesaron 76 proyectos.

La idea es que de los cinco títulos que tiene el Código de la Democracia, los primeros en ser debatidos sean el 1 y el 2. Estos tienen que ver con principios, derechos, garantías, órganos de la Función Electoral, sufragio, escrutinio, observación electoral, entre otros.

Posteriormente se daría el debate del título 3, que tiene que ver con el financiamiento y el control de gasto electoral, campaña, propaganda y límites de gasto.

El título 4 se divide por capítulos, que abarcan las infracciones electorales, procedimientos y sanciones. Este es el que mayor cantidad de observaciones concentra: más de 200, según Peña.

El último en ser discutido sería el título 5, que alude al funcionamiento de las organizaciones políticas.

Con el método planteado, cada legislador no solamente podrá acceder a una intervención de 10 minutos, sino a tres o cuatro para presentar sus observaciones en cada título.

El procedimiento está descrito en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Allí también se contempla que “se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos”.

El coordinador del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalón, y Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente, son partidarios de esta práctica parlamentaria para la aprobación de los cuerpos legales.

Azuero señala que este sistema no se usó en la década pasada, cuando el oficialismo controlaba la Asamblea y las leyes se aprobaban en paquete.

El segundo debate de las reformas electorales se retomó el jueves pasado, de manera oficial, 20 meses después de haber sido suspendido por los últimos comicios. La Ley prohíbe que se realicen cambios un año antes de la convocatoria a elecciones.

El debate, sin embargo, volvió a escena el jueves pasado, con críticas de las bancadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso (TCE), por haber presentado como observaciones proyectos que apuntan a modificar, según Lourdes Cuesta (exCreo), más del 80% del Código de la Democracia.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, cree que lo de fondo es que no hay la voluntad de los partidos para cambiar el método de asignación de escaños, que es una de las principales propuestas de este organismo).

Se prevé que Litardo vuelva a convocar al Pleno para este propósito. Al interior de la coalición parlamentaria entre Alianza País, Creo y legisladores independientes todavía no hay consensos.

Proyecto del CNE

Escaños. Se propone cambiar el procedimiento para la adjudicación en todas las elecciones pluripersonales usando la fórmula Webster, en lugar del método D’Hondt.

Circunscripciones. Se plantea derogar este sistema que se aplicó por primera vez en Guayas, Pichincha y Manabí. Con el mecanismo se calcula el número de asambleístas y concejales.

Género. La propuesta apunta a que las listas de todas las dignidades sean encabezadas en un 50% por mujeres.

Violencia. Se plantea incluir como infracciones electorales: actos de acoso y violencia política de género.

Gasto. Será obligatoria la inscripción del responsable económico, quien administrará los recursos de la campaña. En el cumplimiento de estas obligaciones legales serán solidariamente responsables el representante legal de la organización política o de alianzas y el candidato.

Licencia. Se propone como obligatoria para los dignatarios que opten por reelección

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