30 de julio de 2018 00:00

Dos puntos clave centran el debate de la Ley de Fomento Productivo en la Asamblea

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Evelyn Tapia
Redactora (I)

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La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea afina detalles para presentar su informe no vinculante sobre el veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo.

El informe detallará las observaciones a las objeciones presentadas por el Ejecutivo. Con este documento, el Pleno deberá votar el veto del Ejecutivo. Aunque el informe todavía está en borrador, la Comisión de Desarrollo Económico adelantó que recomendará al pleno allanarse a un 80% de los planteamientos del Ejecutivo.

Homero Castanier, asambleísta de Creo, detalla que hay consenso para allanarse en los temas más importantes de la Ley, que son la remisión o amnistía tributaria y los incentivos para atraer inversiones.

Sin embargo, hay dos puntos claves que generan discrepancias entre los legisladores.

El primero es el relacionado con los mecanismos de solución de controversias para los contratos de inversión.

El tema fue introducido por la Asamblea durante el segundo debate del proyecto y plantea que el Estado tiene la obligación de ofrecer el mecanismo de arbitraje regional para inversionistas, como vía para resolver eventuales disputas.

El arbitraje internacional fue cuestionado en el Gobierno anterior, que llegó a denunciar los tratados bilaterales de inversión con 17 países, ya que abrían la puerta para que el Estado sea llevado a cortes extranjeras por inversionistas.

La Asamblea plantea volver a usar esos mecanismos, con el argumento de que son una alternativa para dar seguridad jurídica a los inversionistas.

Inicialmente, el Ejecutivo no estaba de acuerdo con que el arbitraje sea una obligación, sino solo una alternativa y así lo planteó en el veto enviado el 18 de julio pasado.

“En el veto inicial, el Presidente dice que el Estado ‘podrá’ pactar arbitrajes; es decir, quedaba abierto a que sea de manera facultativa, pero eso no generaba confianza en los inversionistas”, dijo Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador.

Un pronunciamiento similar hizo la Cámara de Comercio de Quito. El pasado jueves, el Presidente acogió estas observaciones y envió a la Asamblea un nuevo alcance al veto para que el Estado esté obligado a someterse a estos procesos.

Para Puente, este cambio “envía un mensaje potente de seguridad a los inversionistas”.

El Ejecutivo incluso fue más allá de la propuesta de la Asamblea y plantea que el Estado se someta a arbitrajes de carácter “internacional” y no solo regional.

Álvaro Galindo, consejero internacional de la firma de abogados Dechert, considera que esto no contraviene el artículo 422 de la Constitución, que establece que Ecuador no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional. “Es claro que la restricción que existe en la norma es solo aplicable para tratados y no para contratos de inversión”, expresó Galindo.

El segundo punto que genera debate es el relacionado con la deuda pública.

El Presidente plantea en el proyecto de Ley reducir a cero el déficit presupuestario, de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos (sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda), hasta el 2021.

Pero en este período no habría un límite de endeudamiento, lo cual es visto por algunas bancadas como “un cheque en blanco” para que el Gobierno siga contratando créditos.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que la deuda no puede sobrepasar el 40% en relación con el PIB, pero datos a junio evidencian que la cifra llega al 46,1%.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, defendió esta propuesta, pues asegura que será necesario contratar más deuda para alcanzar equilibrio en las cuentas fiscales y luego volver, paulatinamente, al límite permitido.

Esta propuesta se mantiene en el veto del Ejecutivo y solo se añadieron excepciones al cumplimiento de las reglas de reducción de gasto, en el caso de catástrofes naturales.

También se estableció que el monitoreo de las reglas, metas fiscales, plan de fortalecimiento fiscal y otros temas se desarrollen mediante informes públicos realizados por Finanzas.

Para Mauricio Proaño, asambleísta de la bancada correísta, eliminar el techo de endeudamiento dejará abierto el camino para que el Estado adquiera, sin control, más compromisos que tendrá que pagar el siguiente gobierno.

El bloque de Creo también cuestiona la eliminación del techo. Castenier adelanta que se abstendrán en la votación.

En tanto, César Rohón, de Madera de Guerrero, dijo que su bancada entiende que el Gobierno está “atado de pies y manos”, y que necesitará endeudarse para alcanzar estabilidad fiscal. “En tres años, el Gobierno tiene que ajustar la economía y hacer grandes esfuerzos para tener disciplina fiscal y reducir gastos y el tamaño del Estado. En ese proceso necesitará deuda”, aseveró.

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