¿En Ecuador se criminaliza a ciudadanos de Venezuela?

Cadetes de la Escuela de Policía recopilaron ayer información de personas que transitaban en el sector de Iñaquito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Cadetes de la Escuela de Policía recopilaron ayer información de personas que transitaban en el sector de Iñaquito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

235 cadetes de la Escuela de Policía recorrieron el sector de Iñaquito, en el norte de la capital de Ecuador, para pedir documentos a personas, la tarde del 4 de febrero del 2020. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Una cancha de Solanda, un barrio en el sur quiteño, sirvió como punto de encuentro. Un centenar de ciudadanos venezolanos acudió luego de conocer la posición del Gobierno ecuatoriano, que empuja nuevas políticas migratorias y busca facilidades para deportar a los extranjeros que cometan delitos en el país.

El encuentro se produjo a las 19:00 del martes 4 de febrero del 2020. Eduardo Febres Cordero recuerda esa cita. Él es presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior (Funvex) y dice que explicaron a sus compatriotas cómo regularizarse. Pidieron que no infrinjan las leyes, que eviten grescas y multas de tránsito y que traten de integrarse pacíficamente al país.

Febres Cordero dice que incluso les instruyeron cómo reaccionar cuando vean controles migratorios: no deben correr o esconderse. Deben presentar los papeles sin temor y entregar toda la información que los policías requieran.

En esa cita se evidenció que la preocupación aumentó al conocer que agentes emitieron citaciones para que las personas con estatus migratorio irregular dejen el país en 30 días.

En las organizaciones de derechos humanos hay inquietud. El Servicio Jesuita a Refugiados registró casos de personas que dicen haber sido chantajeadas por ecuatorianos, quienes supuestamente piden dinero a cambio de no revelar su ubicación.

La coordinadora de programas de esa organización, Lina Cahuasquí, pidió que no se estigmatice a los extranjeros por hechos delictivos puntuales, como el asesinato ocurrido el domingo en el norte de Quito.

La tarde del miércoles 5 de febrero del 2020, 235 cadetes de la Escuela Superior de Policía recorrieron el sector donde ocurrió el crimen de Mariana Granja. Los jóvenes aspirantes a oficiales patrullaron el parque La Carolina y sus cercanías en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital de Ecuador, para solicitar documentos a las personas y levantar información personal de quienes transitaban por el lugar.

El martes 28 de febrero del 2020, diez organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra el Servicio Jesuita, enviaron a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea una carta. Buscan plantear sus propias reformas a la Ley de Movilidad, que norma la migración en el país.

Desde el Régimen se insistió este miércoles 5 de febrero en la necesidad de las modificaciones para implementar “reglas claras que se apliquen a todos”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que la actual normativa limita la acción en materia migratoria. “Había mucha debilidad en los controles. Hoy tenemos pleno control en 28 puntos migratorios. Hay intercambio de datos para políticas de seguridad hemisférica, regional. Pero necesitamos herramientas como la Ley”, puntualizó.

La Secretaria de Estado añadió que las reformas darán mejores herramientas para sancionar a quienes cometan ilícitos, entre ellos el asesinato.

Los colectivos de venezolanos pidieron ayer al Gobierno no criminalizar la migración. Funvex prepara un documento para que se tome en cuenta en los debates sobre las reformas a Ley de Movilidad.

Miggely Padilla llegó del Estado de Falcón hace dos años, porque no había medicinas para su hijo y por falta de atención médica a su embarazo.

Este miércoles estaba en La Carolina, debajo de un árbol con un contenedor lleno de chaulafán. Cada plato de arroz lo vende en USD 1. Ella tiene una multa de USD 400 por ejercer actividades no autorizadas por la visa.

Édgar García y David Martínez, que también transitaban por el parque, están de acuerdo con los controles, pero dicen que los compatriotas que delinquen son una minoría.

De hecho, en las cárceles los extranjeros de diversas nacionales representan el 7,5% de toda la población penitenciaria.

¿Qué sucede con los ciudadanos de Venezuela? En abril del 2019, el Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad registró 390 detenidos a escala nacional. Para diciembre eran 733. Constituyen el 1,8% de la población carcelaria, por debajo de ciudadanos de Colombia: 4,7% de la población presa en Ecuador.

En el 2019 hubo 115 846 ciudadanos de Venezuela que llegaron y se quedaron en Ecuador, según los datos migratorios del Ministerio de Gobierno.

En ese contexto, las reuniones de los colectivos de migrantes seguirán para afrontar problemas como las necesidades que afrontan y la regularización. El fin de semana prevén encontrarse en el sector de La Gasca, un barrio del centronorte de Quito. Allí comenzarán a construir las propuestas sobre seguridad y sobre las reformas a la Ley de Movilidad, para fortalecer la convivencia en Ecuador.


Asamblea convoca a Romo, Valencia y Jarrín

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocará la próxima semana a Romo; al canciller, José Valencia; y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que presenten un informe sobre el control migratorio a escala nacional.

El anuncio lo hicieron ayer la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), y el vicepresidente Eliseo Azuero (Ind.), quienes señalaron que los funcionarios no pueden poner como excusa una reforma legal “para justificar las acciones o inacciones”.

“Tienen que comparecer para explicarnos por qué no funciona la institucionalidad y se afecta gravemente la paz y la seguridad de los ecuatorianos. No se está promoviendo prácticas de xenofobia, pero hay que buscar, a través de los ministerios del ramo, cualificar el ingreso de los extranjeros”, apuntó Azuero.

En contexto

Tras el crimen de Mariana Granja, el pasado sábado, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió que se aprueben las reformas a la Ley de Movilidad, que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en julio del 2019. Allí se plantean cambios a la deportación.

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