14 de julio de 2019 09:29

DD.HH.: no se aplican protocolos para proteger la integridad física y la vida de los policías

En la fotografía, el miembros de la policía realizan controles al interior del Centro de Rehabilitación Social Zonal 8. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En la fotografía, miembros de la policía realizan controles al interior del Centro de Rehabilitación Social Zonal 8, en Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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El cinturón policial resalta sobre sus uniformes de camuflaje gris. Algunos llevan solamente gas pimienta, otros usan toletes y pocos portan pistolas tipo glock. Así enfrentan los agentes de la Unidad de Contingencia Penitenciaria el estado de excepción de las cárceles en Guayaquil, al menos en los exteriores. Los policías de los distritos Pascuales y Florida, cercanos a la vía a Daule donde se ubican los penales, controlan el ingreso de personas y vehículos.

Pero sus funciones, en el interior, no están del todo claras. “Cuando entramos a las visitas he visto entre tres y cuatro guías en los pabellones. Los policías están en la entrada, para la revisión; adentro no hay policías”, cuenta Flor.

Su hermano cumple una sentencia de tres años en el pabellón 1 de la Penitenciaría del Litoral. En junio del 2019 completó el primer año, pero su calamitoso estado de salud hace más dolorosa la condena.

“Tiene tuberculosis; vomita sangre. Hay más enfermos, con una especie de sarna en la piel, con hongos en las uñas… Son calaveras ya, están en el piso botados, con fiebre”, dice la mujer. En la puerta, algunos agentes usan mascarillas.

Con el estado de excepción desde el 16 de mayo del 2019, la Policía desplegó 2 600 uniformados en los centros de rehabilitación de Cotopaxi, Turi, El Rodeo y la Penitenciaría. Las Fuerzas Armadas también dan respaldo. Su misión es dar soporte a los guías penitenciarios, por ejemplo, en las requisas.

Durante uno de estos controles resultaron heridos 40 policías en Portoviejo, el 5 de julio del 2019. Los agentes fueron agredidos con piedras durante un decomiso en las celdas del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí.

A otros reclusorios fueron enviados grupos especiales. Al Centro de Privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil entró el Grupo de Intervención y Rescate (GIR); algunos agentes fueron retenidos el pasado 11 de junio durante el ajusticiamiento de El Cubano en manos de otros privados de libertad.

“Hay protocolos elementales que no se están implementando, que tienen que ver con la protección de la integridad física y la vida del agente policial, pero también pensando en la custodia del otro”, asegura Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Ese protocolo incluye el equipamiento adecuado y la preparación para enfrentar crisis de violencia.

Antes de la excepción, a inicios de abril del 2019, cerca de 470 agentes asistieron a un seminario de capacitación en el GIR. Duró siete días y se enfocó en crisis penitenciaria, derechos humanos, seguridad y procedimientos para decomiso de drogas dentro de las cárceles.

Con los hechos violentos registrados en la declaratoria, Navarrete considera necesario esclarecer cómo se ha manejado la crisis carcelaria que ha generado seis ajusticiamientos durante la emergencia. “¿Qué hizo la fuerza pública y la Policía? (…) Eso tendría que ser corroborado por el informe de investigación, que ojalá exista y se haga público. Estos grupos de ejecutores tuvieron la libertad de moverse de un pabellón a otro, eliminando a sus opositores, en una suerte de ajuste de cuentas que no debe incluir el significado de impunidad”.

El secretario ejecutivo del Comité de Derechos Humanos recuerda además que Ecuador impulsó y asumió como norma interna las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. “Tienen que ver con los derechos del privado de la libertad con el mundo exterior, acceso a condiciones de vida digna, salud, escolaridad, trabajo”.

Mercedes cuenta que debe pasar por tres controles para ingresar al pabellón de mediana seguridad de la cárcel Regional Zonal 8. Ahí su esposo cumple 25 años de condena, pero el lunes 8 de julio del 2019  sufrió un cuadro de trombosis. “En el policlínico solo le dan calmantes. Nos dicen que por la sentencia no lo sacan, pero es un ser humano”.

Afuera de la Regional hay un puesto de vigilancia y un arco para detección de metales por el que debe pasar Mercedes en cada visita. En la puerta también hay canes antinarcóticos.

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