Gerney Ríos González. Catedrático colombiano de relaciones internacionales
Santiago Zeas B. Corresponsal en Bogotá
¿Qué progresos han existido en el mundo en materia de derechos humanos desde la Declaración de 1948?
Después de la II Guerra Mundial se ha avanzado, pero no de la forma deseada. Cuando los DD.HH. los lideró la ex primera dama Eleanor Roosevelt se buscaba por todos los medios que en el planeta no exista una sola manifestación de su violación. En principio se buscaba evitar crímenes y asesinatos selectivos y colectivos, aunque todavía se presentan. Es evidente que falta más trabajo en su implementación y en el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por la mayoría de países.
¿Los derechos humanos son principios en continua construcción?
Necesariamente. El mundo y sus actores cambian y evolucionan. Entonces es indispensable pensar en su actualización.
¿Por qué está aquí?
Su trayectoria. Catedrático colombiano de relaciones internacionales, especializado en derechos humanos y en manejo y solución de conflictos.
Su punto de vista. Los derechos humanos fundamentales requieren de mecanismos actualizados y operativos para su aplicación.
¿De qué forma?
Una manera es a través de su ampliación en diferentes esferas, que van más allá de los derechos primarios, como la vida y las libertades civiles y políticas. En todo campo específico en que el hombre avance es necesario que el derecho humano esté presente. Solo así se evita la existencia de válvulas de escape que permitan su vulnerabilidad.
Pero, varios de los actores que ejercen el poder desde los Estados en ocasiones se resisten a cumplirlos.
En el caso del hemisferio americano hay 34 Estados suscriptores de instrumentos multilaterales, para la protección y cumplimiento de los DD.HH. Entonces lo lógico es que esos gobiernos lideren procesos institucionales para cumplirlos, aunque eso no siempre ocurre.
¿Y cual debe ser el papel de la sociedad civil?
La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales deben ejercer presión a los Estados para que cumplan con esa obligación y, al mismo tiempo, construir procesos culturales de apropiación de esos principios.
Entonces, ¿la actualización de los DD.HH. solo es útil en la medida en que evolucione la institucionalidad para canalizarlos?
Es un avance la ampliación de los derechos, pero su éxito depende de que funcione un engranaje integral para su aplicación. Solo así, la dinámica del universo y sus intereses pueden ser controlados.
¿Estamos ante una declaración de principios universales que se ha quedado en buenas intenciones?
Eso puede parecer a primera vista, pero es evidente que ya hay un estímulo en las sociedades a denunciar ese tipo de violaciones. Antes existía miedo, pero eso poco a poco ha desaparecido. Eso se constituye en un avance.
¿Cómo se explica que en la mayoría de países de América Latina se haya acentuado el irrespeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de opinión?
Hay un estancamiento en esta materia. A eso se suma el aparecimiento de una nueva dinámica política regional. Si bien los mandatarios son elegidos democráticamente, varios de ellos han dado pruebas de que su intención es buscar largas estadías en el poder. Por eso, siempre que haya críticas como producto de la libertad de expresión, el poder se incomoda y trata de obstaculizar el libre ejercicio de la comunicación y opinión.
¿En este escenario luce complicado que quien ejerce el poder respete esos derechos de primera generación?
En las constituciones están expresados esos derechos universales, pero desde el poder también se han incluido medidas coercitivas para condicionarlos. En esa perspectiva, la intolerancia hacia la opinión diversa tiene niveles alarmantes.
¿No es necesaria una institucionalidad que permita a los organismos multilaterales actuar frente aquellos gobiernos que los incumplen?
Lo que se necesita es que se cumplan con las constituciones de los países, porque en sus partes dogmáticas se recoge la esencia de los derechos humanos. El problema es la ausencia de mecanización para cumplirlos.
¿Faltan normativas?
Los organismos internacionales no tienen todos los instrumentos internacionales para vigilar, controlar y castigar toda forma de violación de estos principios fundamentales.
Entonces, ¿el panorama resulta poco alentador en este campo?
Sobre el tema específico de los derechos políticos, se aspira que el funcionamiento de la Corte Penal Internacional sea un llamado de atención a los gobiernos para poner mayor atención e interés en su respeto. Desde luego todavía no hay las condiciones para crear un organismo o tribunal que se haga cargo explícitamente de juzgar aquellos atropellos y violaciones a la libertad de opinión, que también es un sinónimo de vida.
¿Usted encuentra un mecanismo de solución?
Incluir en los acuerdos comerciales el respeto a estos principios, así como la conservación del medioambiente, es una fórmula para que los gobiernos tomen con mayor seriedad el asunto.