27 de diciembre de 2018 16:31

Gobierno de Nicaragua rememora asalto que liberó de la cárcel a Daniel Ortega

Los hombres descansan junto a un graffiti del presidente nicaragüense Daniel Ortega en Estelí, a unos 150 km de Managua, el 27 de diciembre de 2018. Foto: AFP

Los hombres descansan junto a un graffiti del presidente nicaragüense Daniel Ortega en Estelí, a unos 150 km de Managua, el 27 de diciembre de 2018. Foto: AFP

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Agencia EFE

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El Gobierno de Nicaragua rememoró hoy, jueves 27 de diciembre del 2018, el asalto a la casa de uno de los ministros del dictador Anastasio Somoza Debayle en 1974, que sirvió para liberar a un grupo de presos, entre ellos el actual presidente, Daniel Ortega.

"Hoy hace 44 años se rompió el silencio de quienes vivimos esos momentos de profunda emoción, quienes vivimos esos momentos de conmoción liberadora sabemos el valor que tiene la libertad", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

El llamado "asalto a la casa de Chema Castillo" ocurrió la noche del 27 de diciembre de 1974, cuando un grupo de guerrilleros atacó una fiesta en la que participaban miembros del gabinete de Gobierno de Somoza, que luego fueron mantenidos como rehenes para liberar a los presos, entre ellos Ortega, quien había sido arrestado por participar en robos de bancos.

Entre los guerrilleros que liberaron a Ortega se encontraban el exvicepresidente de Nicaragua Moisés Omar Halleslevens y los generales en retiro Joaquín Cuadra y Javier Carrión, exjefes de las Fueras Armadas.

Aunque Ortega y otros presos liberados vivieron desde entonces en Costa Rica, regresaron a Nicaragua para celebrar la caída de la dictadura somocista, en julio de 1979, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Actualmente Nicaragua vive una crisis sociopolítica similar a la de hace cuatro décadas, los grupos de oposición afirman que Ortega se ha convertido en un "dictador peor que Somoza", y le atribuyen la captura de miles de "presos políticos", de los cuales unos 674 se mantienen en la cárcel.

El Gobierno ha informado de 340 reos, que identifica como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

Organismos humanitarios afirman que entre 325 y 545 personas han muerto en protestas contra Ortega desde el estallido social de abril pasado, además de cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados en ocho meses, mientras que el Gobierno solo reconoce 199 fallecidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que el Gobierno ha cometido crímenes "de lesa humanidad".

La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de ataques mortales, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega niega los señalamientos e insiste en que se sobrepuso a un "golpe de Estado" fallido, del que la CIDH y la Acnudh afirman que no existen pruebas.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron, el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.

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