El caso de Daniel Mendoza todavía no se cierra en la Asamblea Nacional

Daniel Mendoza presidió la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea hasta el jueves pasado. Foto: Cortesía

Daniel Mendoza presidió la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea hasta el jueves pasado. Foto: Cortesía

Daniel Mendoza presidió la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea hasta el jueves pasado. Foto: Cortesía

En la Asamblea todavía no se cierra el debate sobre la situación de Daniel Mendoza, pese a que renunció a su curul el miércoles pasado (1 de julio del 2002). La Comisión Multipartista entregó un informe con 12 conclusiones y 4 recomendaciones.

Los integrantes de la Comisión, Xavier Casanova (AP), Héctor Yépez (Creo) y Ronny Aleaga (RC), aprobaron por unanimidad el documento para que en una sesión del Pleno sea debatido por los 137 legisladores.

El informe tiene 25 páginas y no es de carácter vinculante. Entre las recomendaciones sugiere que la Asamblea censure a Mendoza, coloque una placa con un listón negro en sus instalaciones y ofrezca disculpas por “todos los casos en que asambleístas han defraudado la voluntad popular”.

En la placa, se precisa, deberá constar que “la Asamblea, en aras de la lucha frontal contra la corrupción, censuró públicamente a Daniel Mendoza por enfrentar formulaciones de cargos penales que lo vinculan a redes de corrupción y lavado de activos”.

Tanlly Vera (Creo), una de las asambleístas que lo denunció en el Parlamento, consideró que el Pleno debe destituirlo del cargo, a pesar de su renuncia.

Antes de dimitir, a través de una videoconferencia, él reprochó este proceso y aseguró que demostrará su inocencia en los tribunales. Desde el 5 de junio pasado está detenido por supuesta delincuencia organizada en el caso de un contrato para la construcción de un hospital en Pedernales, Manabí.

Al cabo de 10 días de investigaciones, la Comisión determinó que Mendoza incumplió dos de las prohibiciones que tienen los asambleístas: ofrecer, tramitar o administrar fondos públicos; y percibir dietas u otros ingresos que no les correspondan.

Además de estas conclusiones, el asambleísta Yépez, uno de los integrantes, comentó que el expediente será enviado a la Fiscalía y Contraloría. “Hay que investigar por lo menos a cuatro personas, al señor Paúl Granda, que manejaba el IESS, a las exministras de Salud, Catalina Andramuño y Verónica Espinosa, que en su momento manejaban los hospitales”, señaló.

En la parte fundamental del informe, los comisionados no incluyeron a otros seis legisladores que fueron aludidos por la Comisión Anticorrupción de Manabí como responsables del manejo de hospitales en Manabí. Argumentaron que su misión era investigar a Mendoza.

El excoordinador del bloque de AP y aliados se convirtió en el cuarto asambleísta en salir de la Legislatura en los últimos tres años. Anteriormente, Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza fueron destituidas por irregularidades.

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