Una arqueóloga de la reserva arqueológica del Parque Rumipamba analiza una vasija catalogada en este centro. Foto: Vicente Costales / El Comercio
La Empresa Pública Metropolitana de Agua potable y Saneamiento (Epmaps) realizó entre enero 2018-2019 unas 200 obras. En una, ubicada en el Barrio La Dolorosa de la parroquia Llano Chico, nororiente de Quito, se encontraron vestigios arqueológicos.
La falta de frecuencia en los hallazgos de este tipo es la razón por la que no se hacen estudios arqueológicos antes de realizar excavaciones y remoción de tierras para la construcción de servicios, de acuerdo con José Burbano, subgerente de construcción de esa institución.
Flautas de hueso, mazorcas de maíz carbonizadas, figurines de arcilla y vasijas son algunos de los objetos que los arqueólogos Gabriela López y Sthefano Serrano rescataron de este sitio en octubre de 2018. La Epmaps había avanzado 35 metros de excavación, cuando vecinos del sector se contactaron con los antropólogos para darles a conocer que de la tierra estaban saliendo vasijas y otros artefactos. “Es lamentable la destrucción porque pierdes información detallada de cómo estaban los objetos, es un objeto sin contexto”, dice Serrano.
La Ley de Cultura exige, en el artículo 85, que “en el caso que se hallaren bienes u objetos arqueológicos o paleontológicos durante actividades de remoción de tierras se suspenderá la parte pertinente de la obra y se informará del suceso inmediatamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural”. En este caso no fue la Epmaps la que dio el aviso, sino la comunidad.
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) hizo una intervención para determinar el procedimiento a seguir. Entonces, los arqueólogos López y Serrano obtuvieron un permiso para hacer la excavación arqueológica por siete meses, que se inició en octubre del 2018 y expirará en mayo del 2019. Las excavaciones para la construcción de la obra continuaron durante octubre pasado, por 50 m más, y el equipo de Serrano siguió con su trabajo a la par.
El subgerente de construcción de la Epmaps indica que pidió un presupuesto a los arqueólogos para analizar si la Empresa podía financiar la investigación. Serrano y López entregaron una pro forma de USD 64 000. Sin embargo, la construcción fue suspendida debido a que, dentro del presupuesto para la obra, no se tenía contemplado el financiamiento para este estudio. “El contrastista tiene USD 58 000 para poner la tubería”, asegura Burbano, aunque la construcción del alcantarillado para los barrios La Dolorosa y Alvaropamba, en la Parroquia de Llano Chico, tiene un costo total de USD 346 000, de acuerdo con el funcionario.
El presupuesto contemplado por Serrano y López se basa en el tiempo que se hará el rescate, que ellos estiman en tres meses en los 2,5 km donde se tiene previsto realizar la obra. Para ello se trabaja con técnicos y obreros que ayudan con la excavación. Además, una vez que los vestigios hayan sido extraídos, hay que iniciar investigaciones muy minuciosas, que van desde reproducir las formas de los objetos, en papel, hasta mandar muestras a Estados Unidos para hacer pruebas de carbono 14, lo que permite conocer la fecha exacta de los vestigios.
Cada muestra de carbón cuesta USD 500, sin contar los costos de envío, y se envían de 8 a 10 muestras. También se realizan pruebas de fitolitos, para conocer qué tipo de alimentos se consumían, que tienen un costo de USD 100 cada una.
Los estudios previos a las excavaciones y remociones de tierra se realizan, aclara Burbano, cuando se conoce que el sitio tiene relevancia arqueológica. El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) es el encargado de dar las alertas.
Angélica Arias, directora del Instituto, indica que hace dos semanas se finalizó el desarrollo del Sistema de Gestión de Sitios Arqueológicos del Distrito Metropolitano de Quito. Este sistema tiene el objetivo de facilitar la investigación y gestión del patrimonio. Su funcionamiento hace posible determinar por polígonos las áreas de interés arqueológico y, por lo tanto, tener un conocimiento más preciso de la ubicación de los yacimientos.
Aunque el de Llano Chico es un hallazgo fortuito, porque todavía no existía el sistema cuando se iniciaron las obras en octubre del 2018 y porque no estaban establecidas las áreas exactas de protección, se tiene conocimiento de que el norte de Quito fue habitado en diferentes períodos preincaicos (Precerámico, 11 000 a.C.; Formativo, 4 000 a.C. – 500 a.C.; Desarrollo regional, 500 a.C. – 500 d.C.; Integración, 500 d.C. – 1 500). Por lo tanto, existe la posibilidad de encontrar diferentes tipos de vestigios en barrios como Cotocollao, Carcelén, El Condado o Zámbiza. De hecho, en el Atlas Arqueológico de Quito (2010) ya se advertía de la relevancia arqueológica de ese sector y en general de gran parte del DMQ.
“Toda esa zona (norte de Quito) es importante en materia arqueológica”, dice la arqueóloga María del Carmen Molestina, quien trabajó en las investigaciones que se realizaron en Cotocog, una parroquia vecina de Llano Chico, en el 2008. Allí se encontraron tumbas funerarias correspondientes al período de Desarrollo regional. La arqueóloga Victoria Domínguez corrobora la aseveración de su colega y explica que “las condiciones de esa superficie se dan para asentamientos grandes, todos están conectados”.
“Las Alcaldías son los primeros protectores del patrimonio”, dice Fernando Mejía, arqueólogo del INPC. Reconoce que la disminución del presupuesto del IMP, que en la década del 2000 llegó a manejar USD 421,6 millones como Fonsal, en comparación con los USD 18 millones que recibió en el 2018, puede ser una de las causas por las que no se ha podido dar mayor seguimiento a este tipo de hallazgos. Al momento, las obras en Llano Chico fueron suspendidas indefinidamente.