Los niños y adolescentes de Ecuador permanecen en sus casas, después de que se suspendieran las clases ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Foto: AFP
La disposición del Gobierno de que el Ecuador retome las actividades del sector comercial desde el próximo lunes 4 de mayo del 2020, para vivir una ‘nueva normalidad’, permitirá que se activen las labores de distintas personas en establecimientos e industrias del país.
Aunque las alcaldías han decidido continuar con el semáforo en rojo, el Régimen estableció, entre otras medidas, que funcionen las actividades comerciales que operen a través de pedidos en línea o de llamadas telefónicas, para lo cual se ha ampliado el horario de 07:00 a 22:00. El cambio hará que se retomen los empleos en negocios para el despacho de productos.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha puntualizado este jueves 30 de abril del 2020 que “el cambio de etapa entra en vigencia desde la próxima semana“.
Tras las disposiciones gubernamentales, el Consejo de Protección de Derechos plantea una preocupación ante la ‘nueva normalidad‘: ¿quién cuidará a los niños y personas vulnerables que se quedan en sus casas?
“Frente a la medida de pasar del aislamiento al distanciamiento ¿quién cuidará a los niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y otras situaciones de vulnerabilidad al reintegrarse quienes cuidan de ellos y ellas al trabajo fuera del hogar?”, cuestionó la organización dirigida por Sybel Martínez.
El Consejo de Protección de Derechos recordó que “por disposición del Ministerio de Educación los niños, niñas y adolescentes concluirán el año escolar de manera virtual. Frente a esa situación cuestionó: “Al quedarse en casa sin sus padres/madres u otros adultos ¿se pretende acaso que éstos/as se preparen para asumir responsabilidades de la vida adulta?”.
En el Ecuador, 1,9 millones niños y adolescentes se encuentran cursando sus estudios en los planteles del régimen Sierra y Amazonía. La mayoría de ellos, 1,3 millones, lo hace en centros fiscales. Desde el pasado 17 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el covid-19, los alumnos apenas empezaban el primero de dos quimestres que componen el ciclo escolar, el cualterminará el próximo 30 de junio.
El Gobierno, además, suspendió las actividades en los centros de cuidado infantil a nivel nacional, para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Asimismo, la organización alertó que el nuevo virus “además de los serios problemas de salud física, ha traído graves impactos en la salud mental de las personas, amplificando temores, angustias, estrés de quienes se queden en casa, sin poder salir, y esperan la llegada sin contagio de sus familiares. ¿Cómo aseguramos que las familias cuenten con los recursos necesarios para cumplir los protocolos sanitarios que se recomiendan?”.
Ante los cambios que el Gobierno ha dispuesto en el país, en el marco de la emergencia sanitaria, el Consejo de Protección de Derechos exhortó “al Estado a analizar la pertinencia de pasar del aislamiento al distanciamiento, a fortalecer el sistema de salud pública con enfoque de género e interseccionalidad, a proteger los derechos laborales, actuando conforme al interés colectivo, a fin de garantizar y proteger todos los derechos consagrados en la Constitución, valorando el impacto de sus decisiones principalmente en los grupos más vulnerables y de atención prioritaria“.
Al final de su pronunciamiento, la organización plantea “otorgar una compensación (ingreso básico universal) a las familias que no podrán generar sus ingresos para asegurar su alimentación al tener que permanecer más tiempo en aislamiento, prevenir la violencia intrafamiliar y de género, garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de salud y de protección social, fomentar la solidaridad ciudadana y la cohesión social, contribuyendo así a que el paso del aislamiento al distanciamiento se realice con el menor riesgo posible y con la certeza de que el término del confinamiento signifique que el ejercicio y la garantía de los derechos sean parte fundamental de esta nueva realidad en el Distrito Metropolitano de Quito”.