Juez ordena suspensión de actividades mineras en Quimsacocha

Imagen del grupo de comuneros que asistieron a la audiencia que se desarrolló la tarde del martes 12 de julio en la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Foto: Cortesía FOA

La tarde del martes 12 de julio de 2022 un juez de la Corte Provincial de Azuay falló a favor de la acción de protección que presentaron colectivos de Tarqui, Victoria de Portete y Girón en contra de la actividad minera en Quimsachocha, provincia de Azuay.

Yaku Pérez, abogado defensor de la causa, informó de este hecho denominado como un “triunfo esperado” a través de su cuenta de Facebook.

El mensaje de Pérez detalla que “por falta de consulta previa, el juez de Cuenca Carlos Cárdenas suspende las actividades mineras en los páramos de Kimsakocha”.

Lauro Sigcha, presidente de la FOA, detalló en rueda de prensa este miércoles 13 de julio que por más de 30 años varias generaciones han luchado para conseguir este fallo judicial y representa una victoria para las comunidades indígenas que defienden el agua.

Ana Hernández, jóvenes proagua, destacó la decisión judicial como una victoria del pueblo. “Hay que reconocer la labor del juez que se orientó hacia la vedad”, dijo.

Sostuvo que esta victoria es solo una reafirmación a lo que ya la población dijo en las urnas. "Ocho de cada 10 cuencanos dijeron no a la minería en fuentes de agua en la consulta popular. En Girón también la población se pronunció en contra de la minería”, dijo.

Pérez recordó, en la rueda de prensa, que hace cuatro años se dio un primer “triunfo histórico” cuando se suspendió el proyecto minero en Río Blanco y señaló que esta es una segunda victoria.

“Valió la pena más de tres décadas de lucha. 150 personas fuimos criminalizadas en el gobierno de Correa. Cuatro encarcelamientos enfrentamos, fuimos golpeados”, reseñó.

Comparó al proceso judicial a una lucha entre David y Goliat. “Para enfrentar a la comunidad se enfrentaron se unieron la Cámara de Minería, la Cámara de Industrias de Cuenca, las Cámaras de Industria y Comercio de Quito, la Cámara nacional de Minería, los ministerios del Ambiente, Finanzas y Energía y que abogados de la Presidencia participaron con terceros interesados en contra del pueblo”.

Insistió e hizo un llamado a la población a ser parte activa del proceso como amicus curiae. Explicó que aún queda una instancia más, la de apelación. “Estamos convencidos que esta lucha la vamos a ganar en segunda instancia”, dijo.

Suplementos digitales