La Habana, AFP
Cuba reajusta su canasta básica de alimentos, tratando de preservar un consumo diario de 3 100 kilocalorías, pero con “restricciones”, según el ministro de Economía, Marino Murillo, quien aseguró que pese a las limitaciones, “nadie quedará desprotegido”.
“En el plan de consumo que estamos diseñando en términos de alimentación, el estimado está en el orden de las 3.100 kilocalorías, cuando la recomendación diaria es de 2 400”, dijo Murillo, también vicepresidente del Gobierno, al diario Juventud Rebelde.
Admitió que “con independencia de esta y otras garantías, inevitablemente se van a sentir las restricciones en el consumo”.
Todos los cubanos reciben una canasta básica de alimentos a precios subsidiados, que son vendidos mediante una Libreta de Abastecimientos, y que incluye pequeñas cantidades de pollo, pescado, granos, grasas, pastas, sal, azúcar, entre otros productos.
Según opinan los cubanos, esos alimentos no alcanzan, pero también admiten que sin ellos su economía doméstica quebraría por los altos precios de los productos vendidos en forma liberada.
Datos oficiales señalan que el 80% de los productos son importados, pues Cuba gasta más de 2.800 millones de dólares anuales en compra de comestibles, en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.
Murillo señaló que la factura de alimentos nacional es todavía “muy grande” en insistió en la necesidad de impulsar producciones locales para reducir importaciones.
“Si producimos arroz estamos aliviando la factura de importación de este producto, y esto a veces constituye la mejor exportación. Esta misma ganancia la tenemos con el ahorro de electricidad; el sobregiro en este consumo implica más combustible”.
Las autoridades achacan sus actuales problemas financieros a la crisis internacional, pero académicos locales añaden problemas estructurales en su economía.
El Gobierno dictó fuertes medidas restrictivas que entraron en vigor el día 1 de este mes para cortar un sobre consumo de electricidad y el desembolso adicional de recursos, fuera del alcance de las arcas estatales, contraídas por la reducción de los precios del níquel y del turismo.
También se han aplicado fuertes reducciones en los planes de inversión, transporte y la construcción de viviendas.