El Pleno de la Asamblea retomó ayer el debate. Daniel Mendoza (AP) preside la Comisión que trata el proyecto. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El primer debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico continuó ayer y estuvo marcado por múltiples observaciones en torno a las propuestas relacionadas con la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, y la autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE).
Actualmente, la Junta de Regulación concentra 54 funciones, principalmente en los ámbitos financiero y monetario.
Las reformas al Código Monetario plantean crear un Directorio del BCE para el manejo de la política monetaria y dejar los aspectos financieros en manos de la Junta.
Esto último incluye la fijación de las tasas de interés, el establecimiento de los costos de los servicios financieros, la regulación de las instituciones financieras, entre otros.
La iniciativa legal del Ejecutivo propone que los miembros de ambos organismos sean designados por el Presidente de la República, lo que para varios legisladores representa una clara señal de “hiperpresidencialismo” y una cuestionable autonomía en la práctica.
Según el proyecto de ley, la Junta estará conformada por cinco miembros: dos a tiempo completo y tres a tiempo parcial. El período de funciones varía de entre dos y seis años.
El mismo procedimiento se propone para conformar el Directorio del BCE, donde el cargo se ejercerá por seis años.
Por este y otros motivos, la asambleísta Gabriela Larreátegui promueve que las reformas al Código Monetario sean analizadas de forma independiente a la parte económica.
“Una cosa buena del proyecto es la independencia del Banco Central. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se haga un Directorio que sea totalmente nombrado por el Ejecutivo, sin una participación de la Asamblea”, dijo la integrante de SUMA.
Sus críticas tuvieron ayer eco en otros legisladores. Wilma Andrade (ID-BID), Elizabeth Cabezas (AP), Ximena Peña (AP), Raúl Tello (BADI), Pabel Muñoz (RC) y Henry Cucalón (PSC) fueron algunos asambleístas que advirtieron riesgos en cuanto a la supervisión y control de las entidades del sistema financiero.
Ellos se manifestaron a favor de dotar de autonomía al BCE, pero cuestionaron el alcance de la propuesta del Ejecutivo.
“Autonomía no es libertinaje (…) y, con eso, no voy a estar de acuerdo jamás”, comentó Cucalón, quien incluso consideró que se restan importantes atribuciones de control a la Superintendencia de Bancos.
Otros dos puntos que preocupan son que la Junta asuma atribuciones que ahora le corresponden a la Súper de Bancos; y que el Central, cuando contrate bienes, obras y servicios, se someta a un régimen propio, que será expedido por su Directorio.
La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, también se sumó al planteamiento de separar del paquete de reformas el ajuste al Código Monetario. Planteó que las designaciones de los miembros de la Junta y del Directorio tengan el contrapeso de la Asamblea.
Marcos López, representante del Presidente ante la Junta, justificó ayer que el mecanismo de designación obedece a que la Constitución establece como una facultad privativa del Presidente la definición de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera.
Katiuska King, economista y exministra del Gobierno anterior, cuestionó los requisitos que deben cumplir los miembros del Directorio del Banco Central y de la Junta, al considerar que abren la puerta para el regreso de la banca a esos dos directorios.
En un artículo publicado en su blog, King sostiene que esto ocurriría porque la reforma permite la participación de personas que un año antes hayan trabajado en el sistema financiero y exige una experiencia de 10 años en ese ámbito.
Con ello, la experta se pregunta si realmente el argumento de independencia y afianzamiento del sistema financiero se cumple.
El representante del Presidente ante la Junta descarta que se quiera a la banca dentro de la Junta o el Directorio del BCE. López explicó que el artículo busca garantizar que los funcionarios tengan la experiencia suficiente para ejercer el cargo y aclaró que no necesariamente deben ser de la banca privada. Los miembros pueden tener experiencia en la banca pública, bolsa, seguros, comentó y señaló que el Ejecutivo está abierto a que el artículo se perfeccione.