10 de September de 2009 00:00

Críticas a la auditoría de las frecuencias

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Redacción Política

Si se comprueba que existieron irregularidades en la entrega de frecuencias de radio y televisión, entre 1995 y 2008, quienes las hayan obtenido deberán revertirlas al Estado. Así lo demanda la Constitución, cuando ordenó la auditoría.

Con base a ese informe, realizado por una comisión especial, la Fiscalía anunció el martes que iniciará una indagación previa para determinar responsabilidades en la asignación de 1 637 frecuencias. Este anunció se hizo casi cuatro meses después de que la comisión auditora entregó el informe al Primer Mandatario y a otras instancias.

Ahora, las opiniones sobre el tema difieren. Gisella Dávila, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (Corape), cree que “ya era hora que se tomen cartas”.

Corape también realizó un estudio sobre la cesión de frecuencias, que fue tomado en cuenta por la Contraloría y por la Secretaría de Transparencia de Gestión. Pero Dávila piensa que también la Fiscalía debe basarse en el informe de 496 páginas, hecho por la comisión auditora.

A diferencia de ella, el  presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) de Pichincha, Édgar Yánez, sostiene que el único informe con carácter de vinculante es el que realizó Contraloría, entre 2003 y 2005. “Tenemos entendido que ese es el documento”.

Jorge Piedra, catedrático y director de radio Tomebamba, dice que la reciente auditoría cae en la generalización, “al acusar a todos de corruptos, pues hay casos que datan de más de 10 años y que ya fueron juzgados por la Contraloría”.

Respecto a que se reviertan las frecuencias obtenidas irregularmente, Dávila y Yánez coinciden que se debe cumplir el debido proceso.

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