3 de octubre de 2018 00:00

La criminalización de la mujer por el aborto abre un debate en Ecuador

A la izquierda, Amparo Medina que integra la Red Vida y Familia Ecuador y a la derecha, Ana Cristina Vera, es abogada de causas de género, además dirige Surkuna. Fotos: Archivo / EL COMERCIO

A la izquierda, Amparo Medina que integra la Red Vida y Familia Ecuador y a la derecha, Ana Cristina Vera, es abogada de causas de género, además dirige Surkuna. Fotos: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

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Colectivos de defensa de los derechos de la mujer piden que en Ecuador se debata la despenalización del aborto. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla hasta dos años de cárcel aún para las víctimas de violación (abuso sexual) que deciden interrumpir el embarazo.

En ese marco, el pasado viernes 28 de septiembre del 2018 Quito fue escenario de una marcha de pañuelos verdes, para concienciar sobre la criminalización y las muertes de mujeres por abortos clandestinos.

Conversamos con Amparo Medina y Ana Vera; la primera de un grupo ‘provida’ que se opone a la despenalización. Vera, de Surkuna, documenta el impacto de la criminalización y la violencia a la mujer.



AMPARO MEDINA

¿Cuál es la posición de su organización en relación a las campañas a favor del aborto en Ecuador?

La Red Vida y Familia Ecuador está comprometida con el derecho a la vida desde la concepción, creemos en la muerte natural, acorde a lo que dice la Constitución y acuerdos internacionales. Organizaciones como la Marea Verde son multinacionales que viven del aborto. Difunden productos abortivos químicos.

Varias organizaciones se han unido en el Comité Impulsor de la Campaña Nacional Aborto Libre en Ecuador. ¿Ustedes aceptarían debatir seriamente sobre este tema?
No puede existir un debate serio sobre cómo asesinar a una persona y de qué forma hacerlo. Es como organizar un comité para decidir matar a periodistas. Es inconstitucional y tienen el apoyo de entes como la Defensoría del Pueblo, ellos deberían salir del trabajo si quieren hacer proselitismo ideológico.

La Justicia ha procesado a 326 mujeres por abortar, de enero del 2013 a enero de este año, según Surkuna. ¿Se debe criminalizar a las mujeres?

Quien llega al aborto ha sido abandonada y no ha tenido sostenimiento en lo afectivo ni psicológico. Hemos salvado del aborto a más de 16 000 niños y mujeres. Se debe criminalizar a quienes le llevan a eso: al médico y al que secunda el aborto químico.

¿Se refiere también a las parejas de esas mujeres que abortan?
Sí, hay que criminalizar al irresponsable que hace abortar a una mujer y al personal médico. La mujer debe ser sostenida, no necesita un aborto sino ayuda, cuando atraviesa una crisis emocional, está sin empleo, sufre violencia. No sé cómo la Ministra de Salud no hace nada ni Fiscalía con esas organizaciones que se dicen pro derechos, pero viven del aborto.

Según Surkuna, hay mujeres criminalizadas por abortos espontáneos. ¿Qué opina de eso?
Nuestras cifras no dicen que son más de 300 sino 80. Dicen que son abortos espontáneos, pero son químicos. Las organizaciones les recomiendan comprar Misoprostol o Cytotec y llegan al hospital con abortos en curso. Tienen un manual.

¿Cree que las niñas violadas deberían tener acceso a un aborto en el país?
Trato de comprender a quienes piden esos abortos, hay personas perfectas y les da asco sentarse junto a hijos de criminales. Me imagino que hay gente que repudia a niños que vienen de cierta forma al mundo. Para nuestra organización no hay ciudadanos de primera o segunda. El hijo de un criminal tiene derecho a vivir. Sostenemos a la víctima y pedimos procesar al violador. Los niños pueden ser dados en adopción.



ANA CRISTINA VERA

¿Qué organizaciones impulsan estas acciones a favor del aborto en el país?

Son varias las organizaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca, que integranel Comité Impulsor de la Campaña Nacional Aborto Libre en Ecuador. Esperamos que se unan más de todo el país.

¿Se suman a la ‘Marea Verde’, que representa a las mujeres, que con pañuelos de ese color se manifestaron por la despenalización en Argentina?

El viernes pasado marchamos en Quito, en el contexto del 28 de septiembre, Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Y así, claro, nos sumamos a la Marea Verde que en toda Latinoamérica busca la despenalización social y legal del aborto.

¿Qué implica la despenalización social del aborto?
No solo se requiere detener la criminalización del aborto en lo legal. Más allá de buscar una reforma legislativa que elimine el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, para que no se aprese a quien aborta, también hay que trabajar en la despenalización social. Hay prejuicios, mitos, patrones socioculturales, estigmas sobre las mujeres.

¿Qué proponen?
Que se ponga en debate el tema, para modificar posiciones y permitir que las mujeres tengan abortos seguros y libres. Esperamos que se ubique a las mujeres en el centro de este debate.

Surkuna presentó el jueves la línea telefónica Libre, que ofrece asesoría legal para aborto y parto. ¿Por qué era necesaria?
Las mujeres criminalizadas por supuestamente abortar han visto vulnerados sus derechos humanos. Libre se inscribe en ese contexto, estas mujeres corren el riesgo de ser condenadas pese a la falta de pruebas. Es necesario que tengan una defensa legal y técnica. Desde enero del 2013 hasta enero del 2018, 326 mujeres han sido criminalizadas por abortar en Ecuador.

De su experiencia en defensa de estas mujeres, ¿por qué son procesadas y juzgadas en general?
El 70% de casos que hemos recibido es de mujeres procesadas por abortos espontáneos. Llegan al hospital con un sangrado y allí deducen que ellas hicieron algo para provocarse un aborto y se inicia una indagación penal.

¿Cómo actúa la justicia con las mujeres procesadas por aborto?

Hay varios problemas. Defendimos a una mujer indígena de 19 años, que se hizo un aborto clandestino un jueves y llegó el domingo a un hospital, con infección. Les contó todo y ese día se dictó instrucción fiscal, como si fuera un delito flagrante, como si el acto juzgado fuera complicación por el aborto. En otros casos para reemplazar la pena privativa de libertad, envían a la mujer a trabajar en un orfanato, para despertarle el instinto maternal.

¿Y cómo se juzga a las parejas de quienes abortan?

No se los juzga. En el caso de una vendedora informal de 19 años, presentamos mensajes de WhatsApp en los que su pareja de 32 le decía cómo usar el Misoprostol para abortar. Pero no se lo involucró en el proceso.

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