18 de julio de 2018 19:22

Creo pide que se investigue el audio filtrado en caso de Fernando Balda

Legisladores del Bloque Creo dieron una rueda de prensa sobre al audio filtrado en caso Balda, este miércoles 18 de julio del 2018. Foto: Tomada del Flickr de la Asamblea Nacional.

Legisladores del Bloque Creo dieron una rueda de prensa sobre al audio filtrado en caso Balda, este miércoles 18 de julio del 2018. Foto: Tomada del Flickr de la Asamblea Nacional.

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Diego Puente

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El movimiento Creo condenó la supuesta conversación entre un legislador  y el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, quien está preso por el secuestro de Fernando Balda. El bloque de oposición al Gobierno señaló que votarán a favor del posible retiro de la inmunidad legislativa del asambleísta implicado, si un juez lo solicita.

Fabricio Villamar señaló que han estudiado artículos de la Constitución y de la Ley de la Función Legislativa para iniciar un proceso en contra del asambleísta, pero que en ambos cuerpos legales no se permite una “autodepuración” en la Asamblea.

Creo solicitó la mañana de este miércoles, 18 de julio de 2018, que con la nueva información la Fiscalía inicie un proceso o que sea parte de alguno ya existente para conocer la verdad sobre el audio.

En caso de que legislador involucrado sea llamado por la Justicia, los asambleístas de Creo votarán por el levantamiento de la inmunidad. El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que para el inicio de la instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno, excepto en los casos en los que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Pero, en esa normativa, en el primer inciso, señala que los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen como legisladores.

Homero Castenier, coordinador de Creo, cuestionó el uso que se le habría dado a la Secretaría de Inteligencia (Senain) por parte del Gobierno anterior. “Se destinaron USD 20 millones en promedio en gastos reservados, especiales para cometer ilícitos para perseguir, amedrentar, espiar a los ecuatorianos”.

Para impedir que se repita un uso inadecuado de la Senain, el bloque de oposición planteará una reforma a la Ley de Seguridad del Estado para que la Secretaría desaparezca.

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