Creo quiere enjuiciar políticamente a Gustavo Jalkh

El pasado 28 de agosto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió sobre la filtración de unos correos electrónicos en los que se mencionaban procesos judiciales que se resolvieron en el anterior gobierno. Foto: Galo Paguay/ EL

El pasado 28 de agosto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió sobre la filtración de unos correos electrónicos en los que se mencionaban procesos judiciales que se resolvieron en el anterior gobierno. Foto: Galo Paguay/ EL

El pasado 28 de agosto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió sobre la filtración de unos correos electrónicos en los que se mencionaban procesos judiciales que se resolvieron en el anterior gobierno. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

La difusión de unos 44 correos electrónicos provocó la reacción del bloque legislativo de oposición Creo. En esas comunicaciones supuestamente se hablan de 17 juicios que se ventilaron en el anterior Gobierno, en diferentes momentos. Los mensajes tienen las direcciones de varios exfuncionarios de alto nivel.

Representan, para Creo, el indicio de que el Gobierno pasado ejerció influencia en la Justicia. Por eso, la oposición hará el trámite necesario para enjuiciar políticamente a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura. Fabricio Villamar, legislador del bloque de Creo, indicó este lunes 4 de septiembre del 2017, que la filtración de estos correos y sobre todo el contenido deben ser investigados.

Esas comunicaciones serán las principales pruebas en el pedido de juicio político. Y la causal será un supuesto incumplimiento de funciones, al no permitir la transparencia en el accionar judicial del país. Este martes 5 de septiembre del 2017 está previsto que Creo empiece la recolección de firmas necesarias para el pedido y posteriormente enviarlo al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En la lista de los casos que se trataron en estos correos aparecen expedientes sobre los alumnos del colegio Central Técnico, acciones de protección en contra del Estado, la situación legal del periodista de Loja Freddy Aponte, acciones legales para que los funcionarios de Gobierno acudan a los medios, pronunciamientos sobre la justicia indígena, entre otros.

María José Carrión, oficialista y presidenta de la Comisión de Fiscalización, dice que primero se debe esperar la solicitud oficial y con el documento en las manos evaluar las pruebas que se presenten y la causal que plantean para procesar al funcionario.

Añadió que primero se debe analizar la legalidad de los correos electrónicos. Recordó que para que este tipo de insumos sean considerados como pruebas deben ser obtenidos a través de una orden judicial. Y si los correos han sido derivados de un ‘hackeoperderían validez.

La divulgación de estos correos electrónicos es un acto “delincuencial” y “perverso”, para Jalkh. “Lo que dice ahí (en el correo) no tiene ninguna implicación que vulnere la independencia de la justicia, son temas de mi competencia, que están relacionadas con mi opinión pública sobre lo que pienso de la Ley de Garantías Constitucionales”, sostuvo el lunes pasado el funcionario, que antes de ocupar ese cargo fue ministro del Interior, de Justicia y secretario general en la presidencia de Rafael Correa.

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