Este 25 de julio del 2019 se realizó la sesión del Pleno del Cpccs. Foto: EL COMERCIO
Dos vocales de minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) reaccionaron a la decisión del Ejecutivo sobre delegar a la Secretaría Anticorrupción la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, este lunes 29 de julio del 2019.
El Decreto Ejecutivo 828, suscrito el jueves 25 de julio del 2019, designa a la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia “como autoridad central para los efectos de esa Convención Interamericana” y retiró al Cpccs.
Sofía Almeida, vocal del Cpccs, señaló que es una decisión que se enmarca dentro de las competencias del Ejecutivo. Sin embargo, cree que el delegado debía ser una autoridad de la Función de Transparencia del Estado.
Para Almeida, el que sea una instancia adscrita a la Presidencia, podría entenderse como que el Ejecutivo es juez y parte en la tarea anticorrupción. Sin embargo considera que esta resolución tiene que ver con el momento político que atraviesa el presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez.
Christian Cruz, consejero del Cpccs, coincide con la visión de Almeida sobre que el juicio político en la Asamblea Nacional, en contra de cuatro vocales del Cpccs, incluido Tuárez, influye en esta decisión.
Cruz dijo que es facultad del presidente delegar a un funcionario de su confianza. “Esta decisión no afecta para nada las facultades en materia de lucha contra la corrupción que tiene el Cpccs”, manifestó.
El Decreto Ejecutivo también señala que los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva “brindarán a la Secretaría Anticorrupción las facilidades que requiera para la aplicación del Plan Nacional de Acción” de este instrumento internacional.
Por resolución del Ejecutivo, suscrita en mayo del 2009, el Cpccs tenía esta tarea a su cargo, tomando en cuenta que una de sus facultades es la lucha contra la corrupción.
El Cpccs todavía no ha reaccionado de manera oficial a esta decisión del Ejecutivo.