22 de julio de 2020 23:18

Pleno del Cpccs solicitó la renuncia a Christian Cruz por dudas sobre su carné de discapacidad; el funcionario suspendió la sesión

Christian Cruz, presidente del Cpccs, defendió la legalidad de su carné de discapacidad. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Christian Cruz, presidente del Cpccs, defendió la legalidad de su carné de discapacidad. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Andrés García

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió solicitar la renuncia al presidente del organismo, Christian Cruz, por las dudas en torno a la obtención de su carné de discapacidad.

La decisión se adoptó cerca de las 22:00 de este miércoles, 22 de julio del 2020. Previamente, la consejera María Fernanda Rivadeneira acusó a Cruz de presuntamente adulterar documentos para obtener el carné, en el año 2009.

La resolución también contempla que se remita el expediente que Rivadeneira difundió al resto de consejeros, con documentos de presuntas adulteraciones de certificados médicos. Se pidió enviar esa documentación a la Asamblea, Fiscalía, Presidencia y a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción del Cpccs, que investiga la supuesta red de corrupción en el otorgamiento de carnés de discapacidad.

La decisión se tomó con los votos de los consejeros Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeniera. El consejero Franciso Bravo se abstuvo. Christian Cruz se ausentó de la plenaria antes de que traten ese punto.

Una vez conocida la decisión, Cruz retornó al Pleno y cuestionó el procedimiento de apelación a la Presidencia. Además, volvió a pedir que se "demuestren" las acusaciones en su contra y en medio de una discusión por la apelación de la Presidencia pidió un receso de diez minutos. Sin embargo, pasadas las 22:30, la sesión no se reinstaló.

Irregularidades denunciadas en el Pleno

Más temprano, mientras leía la moción de renuncia, Rivadeneira presentó certificados de la Fundación Vista para Todos en donde se acusa a Cruz de presuntamente actuar “maliciosamente” y “adulterar” el certificado médico con el que obtuvo el carné.

Según la funcionaria, Cruz no habría acudido a los llamados efectuados por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) para validar su calificación. También mencionó que el trámite para obtener el carné, en el año 2009, se habría resuelto en un solo día y que existirían irregularidades en la edad que acreditaba Cruz en esa fecha.

Como ya lo mencionó en sesiones pasadas, Rivadeneira dijo que el Presidente del Cpccs sí se habría beneficiado con la reducción del pago de impuestos. Según un informe del Servicio de Rentas Internas, obtuvo rebajas especiales por discapacidad, por concepto de impuesto ambiental a la contaminación vehicular y el impuesto anual a la propiedad, de un vehículo Toyota Fortuner 4x4, entre el 2016 y 2020.

Cruz, en respuesta, aseguró que el 13 de julio pasado solicitó al Ministerio de Salud la recalificación de su carné, que registra 81% de discapacidad visual y auditiva, producto de un “golpe en la cabeza” mientras practicaba artes marciales.

Después, desestimó las acusaciones de presunta adulteración de documentos y acusó a Rivadeneira de buscar una “plataforma política”. A través de un video de casi cinco minutos de duración, Cruz reveló que en el 2011 se abrió un proceso judicial en su contra, por presunta falsificación.

La causa, según la grabación, la impulsó Omar Simon, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que Cruz participó en un concurso para ocupar una función pública. En la filmación se aseguró que la denuncia fue archivada.

Posteriormente, Cruz leyó oficios médicos con los que defendía la legalidad de sus valoraciones, sin exponer los nombres de los galenos. También mostró archivos jurídicos, entre ellos, uno del Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha, del año 2011, en donde aseguró que al no encontrar elementos de convicción suficientes, la denuncia de falsificación fue archivada.

Mientras presentaba sus descargos, constantemente se refería en términos despectivos hacia Rivadeneira. Además, la acusó de “difamar e intentar notoriedad a través de diferentes medios”.

La vicepresidenta, Sofía Almeida, cuestionó el accionar del Presidente, a quien criticó por impedirles la participación en el Pleno y violentar al procedimiento parlamentario. La funcionaria pidió a Cruz que presente los documentos de respaldo que se incluyeron en su video de su defensa.

El consejero Francisco Bravo dijo que Rivadeneira “intentó inducir al error” a los integrantes del Pleno, al no presentar el expediente completo. La vocal Ibeth Estupiñán, en cambio, pidió a la Contraloría que revise si se utilizaron recursos públicos en la producción del video de defensa del titular del Cpccs.

En ese momento, Cruz abandonó la sesión y encargó la Presidencia a Sofía Almeida. La consejera Estupiñán, previamente, había apelado la Presidencia, por considerar que el titular del organismo vulneró el reglamento.

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