2 de diciembre de 2020 16:24

Cpccs propone reforma penal contra la corrupción

La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, entregó el documento con la propuesta de reformas al COIP en materia anticorrupción al presidente de la Asamblea, César Litardo. Foto: Twitter/ @CpccsEc.

La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, entregó el documento con la propuesta de reformas al COIP en materia anticorrupción al presidente de la Asamblea, César Litardo. Foto: Twitter/ @CpccsEc.

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Roger Velez

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida, presentó a la Asamblea una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción.

La iniciativa, que se denomina Ley Orgánica reformatoria al COIP para fortalecer la lucha y el combate contra los delitos contra la eficiencia de la administración pública, se compone de 18 artículos.

Entre los cambios más relevantes está la eliminación de medidas sustitutivas en los delitos contra la eficiencia de la administración pública: se elimina el arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico, y presentación periódica ante la justicia en vez de prisión.

Además, plantea que en el caso del delito de soborno transnacional: no se podrá alegar el juzgamiento de delitos en sus países de origen para impedir la acción penal en el territorio nacional.

El proyecto persigue, asimismo, que el delito de peculado se extienda a quienes no manejan fondos públicos. Y se propone tipificar el cohecho judicial para sancionar con una pena de siete a 10 años de cárcel al juez, árbitro, fiscal o perito que influyan o decidan a favor de servidores públicos involucrados en casos de corrupción.

Entre los motivos del proyecto se alude a la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, a las denuncias de compras de insumos con sobreprecios para enfrentar el covid-19 en hospitales públicos.

El documento fue recibido el martes 1 de diciembre del 2020 por el presidente del Parlamento, César Litardo.

Al momento, la Asamblea ya tramita dos propuestas del Ejecutivo y cinco de iniciativa de legisladores, con los que se busca sancionar la elusión de procedimientos en la contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y la obstrucción a la justicia.

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