26 de febrero de 2020 15:50

Cpccs trabaja ordenanza modelo para implementar la silla vacía en GAD’s

Con base en estos datos, la consejera del Cpccs Ibeth Estupiñán trabaja en una iniciativa para elaborar una ordenanza modelo que se podría tomar en cuenta para la implementación de este mecanismo en los distintos niveles de Gobierno.

Con base en los datos levantados, la consejera del Cpccs Ibeth Estupiñán (izq.) trabaja en una iniciativa para elaborar una ordenanza modelo que se podría tomar en cuenta para la implementación de este mecanismo en los distintos niveles de Gobierno. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Daniel Romero
Redactor (I)

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En el 2018, 206 Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD’s), entre prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales implementaron la silla vacía en sus instancias de decisión. Esos son los datos con los que cuenta el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) que recepta las rendiciones de cuentas de esos niveles de gobierno.

Estos son los datos más actualizados con los que cuenta el Cpccs ya que aún se procesan los informes de rendición de cuentas del periodo 2019.

Los datos reflejan que de 1 061 GADs de los que se verificó el cumplimiento de este mecanismo de participación, 727 no lo aplicaron y otros 128 no reportaron los informes sobre este tema.

Con base en estos datos, la consejera del Cpccs Ibeth Estupiñán trabaja en una iniciativa para elaborar una ordenanza modelo que se podría tomar en cuenta para la implementación de este mecanismo en los distintos niveles de Gobierno.

Estupiñán señaló que actualmente se realiza una socialización de la propuesta base con diferentes organizaciones. “No hemos reunido con asociaciones campesinas, de mujeres y de maestros”, dijo.

La idea surgió a partir de un pedido ciudadano al Pleno del Cpccs, de diciembre pasado. Estupiñán comentó que en una sesión realizada en Guayaquil, un ciudadano presentó un informe sobre la implementación de este mecanismo en Guayas.

La silla vacía se configuró a raíz de la Constitución del 2008. La iniciativa está normada por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), aprobado en el 2010. Y también por la Ley de Participación Ciudadana, vigente desde febrero del 2010.

Ambas normativas establecen directrices generales sobre su implementación. Por ejemplo, quien participe tiene derecho al voto y está sujeto a responsabilidades administrativas, civiles y penales. También se determina que este mecanismo se regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado (GAD).

Para Estupiñán, el hecho de que las Leyes solo establezcan esas líneas generales es un problema. Por eso buscarán un proceso de socialización sobre este mecanismo.

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