19 de julio de 2019 00:00

Mayoría del Cpccs da marcha atrás sobre CC

Los vocales de mayoría: Walter Gómez, Rosa Chalá, José Tuárez y Victoria Desintonio. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Daniel Romero

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La mayoría que funciona en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) decidió ayer 18 de julio del 2019 acatar tres medidas cautelares, para frenar la conformación de una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC). Además, resolvió deshacer el nombramiento de ese ente.

Luego de esa votación, la mayoría conformada por Victoria Desintonio, Rosa Chalá, Wálter Gómez y el presidente del ente, José Tuárez, apoyó una moción para retirar ese punto del acta de la sesión del pasado 10 de julio. De esta forma se perfeccionó el trámite para que no haya un incumplimiento al dictamen de la CC, que especifica que los actos del Consejo transitorio están blindados para su revisión.

“Los asambleístas Jannine Cruz, Villamar y Tello, así como el abogado García, han interpuesto estas medidas cautelares que no nos permite al Consejo de Participación Ciudadana, trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos”, dijo su titular, José Tuárez.

Desde el inicio de la sesión Plenaria, la vicepresidenta del Cpccs, Rosa Chalá, pidió que se incluyera en el Orden del Día un punto para dejar sin efecto la decisión de la sesión del 10 de julio pasado para conformar la Comisión.

Desintonio aclaró que dicha comisión no se reunió ni se ha conformado todavía. También dijo que lo que se buscaba era revisar un acto administrativo. “El objetivo era conocer cómo se hizo un acto administrativo. No sé por qué se tiene miedo a revisar esos procesos”.

Por su parte, el consejero Walter Gómez señaló que en el Cpccs son respetuosos de la Ley, por lo que acatarán las resoluciones del poder judicial.
El informe de la Coordinación Jurídica del Cpccs recomendó acoger el dictamen de las medidas cautelares.

Ayer también se conoció sobre una medida cautelar concedida a favor de la asambleísta Rosa Verdesoto en contra del Cpccs, quien pedía que se evitara que el actual defensor público encargado, Ángel Torres Machuca -designado por el Consejo Transitorio- sea reem­plazado por otro funcionario encargado.

La semana pasada, el Pleno del Cpccs aprobó que la Coordinación Jurídica del Cpccs elaborara un informe jurídico sobre la situación legal de ese cargo. Se barajó la posibilidad de encargar ese puesto mientras se realiza el concurso que se encuentra pendiente.

Ayer, el Cpccs aceptó acatar las medidas cautelares y decidió convocar al concurso para elegir al Defensor Público titular, lo que sería la primera elección a cargo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.

Hoy se inicia el juicio

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunirá hoy para avocar conocimiento del pedido de juicio político en contra del grupo de mayoría que se formó en el Cpccs.

El procedimiento se dará luego de que el miércoles pasado el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificara el pedido presentado por la coalición de Alianza País, Creo y dos grupos de asambleístas independientes, además de Fabricio Villamar, del movimiento Ahora.

También se prevé que se defina un cronograma de comparecencias para la presentación de pruebas de cargo y de descargo. Según la Ley de la Función Legislativa, para esta etapa se dispone de 15 días.

Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión, consideró que “no hay que urgirse por la vacancia” en referencia a que la Asamblea entrará en receso entre el 12 y el 23 de agosto próximo. “Lo que importa es restablecer el rol que le corresponde a la Asamblea”, dijo.

El pedido de interpelación presentado por la mayoría parlamentaria en contra de José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, cuatro de los siete integrantes del Cpccs, se da por incumplimiento de funciones.

Por su parte, el asambleísta independiente Fabricio Villamar planteó que José Tuárez fuese interpelado por falta de probidad para ejercer como consejero del Cpccs, al haber inconsistencias en la inscripción de su candidatura.

A su vez, la Comisión de Fiscalización terminó de elaborar el informe que recomienda al Pleno someter a juicio político a Verónica Espinosa, exministra de Salud, por supuesto incumplimiento de funciones.

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