10 de mayo de 2018 00:00

El Consejo de Participación transitorio valoró experiencia para los encargos

Edwin Pérez, Margarita Hernández y Gina Benavides son las autoridades designadas por el Cpccs. Fotos: EL COMERCIO

Edwin Pérez, Margarita Hernández y Gina Benavides son las autoridades designadas por el Cpccs. Fotos: EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 20
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 1
Contento 140
Mario González y Diego Puente. Redactores (I)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio son extraordinarias.

El mandato del referendo del 4 de febrero le otorga a esta entidad, según sus integrantes, la facultad de cesar a las autoridades que han incumplido sus funciones y de nombrar a sus reemplazos con concurso públicos de méritos.

Pero mientras estos procesos se realizan, pueden además encargar la titularidad de las entidades de control a cualquier ciudadano, sin importar su procedencia o experiencia.

En sus primeros dos meses de gestión ya hicieron tres nombramientos de este tipo. Edwin Pérez reemplazó a Carlos Baca en la Fiscalía, Margarita Hernández a Patricio Rivera en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y Gina Benavides a Ramiro Rivadeneira en la Defensoría del Pueblo.

En el caso de la Fiscalía, el reemplazo no fue resultado de la evaluación: Baca fue destituido por la Asamblea a través de un juicio político. En los otros dos casos sí; Rivera fue cesado por incumplir la normativa, al posesionarse 235 días tarde. Y Rivadeneira fue declarado en desacato, por no someterse al proceso.

En los tres nombramientos, el análisis realizado por el Cpccs es el mismo: profesionales con larga experiencia en las áreas en las que se desempeñarán. Pérez es un funcionario de carrera en la Fiscalía. Hernández tiene un recorrido de 25 años en el sector público, ligado a las Superintendencias. Mientras que Benavides ha dedicado toda su vida a la defensa de derechos humanos.

Cuando las evaluaciones terminen, el Cpccs podría hacer encargos en entidades como el Consejo Electoral y la Judicatura.


Tiene más de 16 años en Fiscalía

Edwin Pérez, fiscal General (e)

Durante casi toda su vida profesional como abogado, Edwin Pérez Reina ha estado ligado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

A los 22 años, en 1998, el imbabureño empezó su ejercicio de manera independiente. Y cuatro años después ingresó a la entidad como
secretario de fiscales. En ese cargo estuvo hasta el 2010, según el registro de la Contraloría General del Estado (CGE).

Ese año pasó a ser agente fiscal de Pichincha. Estuvo en las unidades de Delitos contra el Patrimonio Ciudadano e Informáticos. Y en la de
Antisecuestros y Extorsión.

Según el escalafón interno de la Fiscalía, él está en la categoría 3. Fue designado, además, como fiscal de enlace para el combate al crimen organizado en la frontera.

En mayo del 2016, el funcionario ganó el concurso de oposición y méritos y fue designado fiscal provincial del Carchi. En ese puesto se desempeñó hasta el 2 de mayo pasado, cuando el Consejo de Participación transitorio lo seleccionó para que ejerza como Fiscal General encargado, luego de la destitución de Carlos Baca en la Asamblea.

Un día después de su designación viajó a Quito para ser posesionado. Y enseguida se puso al frente del despacho, en el tercer piso de la Fiscalía, en el norte de Quito.

Ese día aseguró que le tomaría una semana ponerse al día en los casos y empezar a asistir a las audiencias. Y ese plazo concluyó ayer. Pérez participó en la audiencia de juzgamiento a Carlos Pareja Yannuzzelli, por presunto enriquecimiento ilícito.

Julio César Trujillo, presidente del Cpccs transitorio, explica que para nombrarlo se consideraron su experiencia y sus méritos en la Fiscalía.
Por esta razón, Pérez cree que se hizo justicia. Afirma que en la evaluación previa obtuvo la calificación más alta y debió ser el subrogante en ausencia definitiva del titular.


Lleva seis años en la ‘Súper’
Margarita Hernández , superintendenta (e)

La última vez que Sofía Margarita Hernández Naranjo tuvo algún tipo de contacto con un integrante del Consejo transitorio fue en la universidad, cuando cursaba la carrera de Derecho, hace más de 20 años.

Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria encargada, tuvo como profesor a Julio C. Trujillo, cuando cursaba sus estudios en la Universidad Católica.

El 2 de mayo, el Cpccs nombró por primera vez a esta mujer de 46 años para encargarle la Superintendencia. Ahí trabaja desde el 2012, cuando se inició como directora del área de Supervisión de Cooperativas.

La funcionaria escuchó la noticia desde su casa, porque tenía permiso de maternidad. Sintonizó la transmisión de la sesión del organismo porque, hasta esa fecha, era la intendente General Jurídica de la Superintendencia. “Yo tenía que estar al tanto”. Y el 3 de mayo fue posesionada.

No pertenece a ninguna organización política. Hernández ha estado vinculada durante 25 años al sector público. Inició su trabajo en la Intendencia General Jurídica de la ‘Súper’ de Bancos, mientras estudiaba Derecho.

En el tiempo que duró su paso por esa institución, también estudió una maestría en Gerencia en la Universidad de Nurtingen (Alemania). Obtuvo el título, aprendió alemán y conoció a su esposo. “Lo traje de importación”, dice mientras se ríe. No faltan las bromas mientras dialoga desde su nuevo despacho.

Ella sucedió en el cargo a Patricio Rivera, exconsejero y exministro de Economía, que fue cesado del cargo por el Cpccs transitorio.

Al consultarle sobre si desea ser la titular del organismo de manera permanente, ella señaló que no es el momento para hablar de eso. “Uno no se puede casar con el puesto. Veamos cuáles son las condiciones”, comentó.


30 años de lucha por DD.HH.
Gina Benavides, defensora del Pueblo (e)

En 1989, Gina Benavides Llerena dejó la dirección de la Cárcel de Mujeres de Quito. Pensó que no volvería al sector público.

No le gustó el ambiente. Abandonó ese cargo porque sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos no surtieron efecto. Luego de nueve meses en ese puesto, Elsie Monge la invitó a formar parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

También fue fundadora de la Fundación de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Esas son dos organizaciones de defensa de los derechos humanos (DD.HH.) representativas del Ecuador.

Viajó a Guatemala y vivió tres años ahí. Fue oficial de verificación del acuerdo global de DD.HH., durante el proceso de paz en ese país. Volvió a Ecuador y desde hace 10 años ha estado ligada totalmente a la academia.

Estudió una maestría y una especialización en la Universidad Andina. Y luego le propusieron quedarse como docente, cargo que desempeña hasta ahora.

Además, desde ese centro de estudios impulsó la publicación del informe anual sobre derechos humanos en Ecuador. En el 2012, ese documento señaló que en el país se estaba criminalizando la protesta social. El Gobierno de turno criticó esos resultados y se obligó a que el informe cambie de metodología.

La idea de no volver al sector público se modificó la semana pasada. La llamada de Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio, la hizo cambiar de opinión.

El político le dijo que este era el momento para que las organizaciones participaran en la reinstitucionalización. “Con ese planteamiento y viendo su ejemplo (de Trujillo), no pude negarme”.

Para Benavides, lo que es seguro es que este puesto es solo temporal. Luego del encargo ha descartado postularse para ser la Defensora titular.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (9)
No (2)