7 de mayo de 2018 00:00

Cpccs transitorio debate el reglamento de selección de autoridades

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio cesó la tarde de este 2 de mayo del 2018 a Ramiro Rivadeneira como Defensor del Pueblo. Foto: EL COMERCIO

El Pleno del Consejo se reunió la semana pasada, en dos ocasiones, y cesó al Defensor del Pueblo y nombró al nuevo Fiscal General encargado. Foto: EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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El primer obstáculo que se encontró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio en el camino es el reglamento para la selección de autoridades.

La aprobación de este documento se ha aplazado en las últimas tres semanas. Luego de varias horas de debate y análisis de propuestas, está previsto que el Pleno lo apruebe entre el 8 y 9 de mayo del 2018, aunque todavía no hay acuerdos.

Los puntos principales de la discusión han sido el tiempo que durarán los procesos de designación de autoridades de control y los recursos económicos necesarios.

El tiempo es determinante. Los concursos que se realizaban tradicionalmente en el Cpccs tomaban entre seis y ocho meses. Y la idea es reducir este lapso, por dos razones.

La primera es que este momento hay ocho entidades que no tienen autoridades titulares. El cargo lo ocupan funcionarios subrogados, como Pablo Celi, en la Contraloría; o prorrogados, como Nubia Villacís, Ana Paredes, Paúl Salazar y Luz Haro, en el Consejo Electoral.

El Consejo transitorio deberá elegir a estos funcionarios. Y a la lista se podrían ir sumando más nombres, dependiendo de lo que ocurra en las evaluaciones de las demás autoridades de control. Si las calificaciones son malas, otros serán cesados y, por ende, se deberán realizar más concursos.

La segunda es el carácter transitorio del Consejo. Según el referendo, esta entidad estará en funciones hasta la elección de los funcionarios definitivos, esto es el 24 de marzo del próximo año.

Con ello, el Cpccs tiene 11 meses para hacer ocho designaciones, más las que se sumarán. La primera adicional se sumó el 4 de mayo, tras la renuncia de Patricio Baca al Tribunal Contencioso Electoral. Y Ernesto Pazmiño, titular de la Defensoría Pública, terminará su período mañana.

La primera idea para reducir el tiempo fue de Xavier Zavala, consejero que preside la Comisión que está a cargo de los concursos. El jurista guayaquileño propuso conservar la comisión ciudadana de selección y las veedurías públicas.

Pero, para ahorrar tiempo y recursos, considera que es mejor hacer una sola convocatoria para conformar las comisiones y las veedurías. Y definir un solo banco de personas habilitadas, para que vayan sumándose a cada concurso.

Una segunda propuesta es conformar comisiones técnicas. Estas también serían ciudadanas, es decir, abiertas para todo público, y sus decisiones también se someterán a impugnaciones de la gente, pero tendrán integrantes expertos en cada área. Se encargarán de emitir informes técnicos que recomienden la selección de uno de los candidatos.

El reglamento que se apruebe servirá para las selecciones que se realizan, según las normas, a través de concursos. Entre estos están la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y las defensorías.

Para estos casos, Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, informó que otra propuesta que está siendo debatida es que los candidatos sean propuestos por organizaciones sociales representativas. Por ejemplo, anunció que ya está aprobada la participación de la ONG Acción Ecológica.

En el caso de las superintendencias y de la Procuraduría, en cambio, la elección depende en buena parte del presidente Lenín Moreno. La Función Ejecutiva debe enviar una lista de tres candidatos, que se someterán al escrutinio público y técnico del Cpccs, antes de la selección y posesión.

La aprobación de este reglamento ocupa al Consejo, mientras tiene dos preocupaciones extras. Las evaluaciones en marcha al CNE, a las superintendencias de Compañías y de Bancos y a la Judicatura.

Además, Trujillo está citado este 10 de mayo por un juez de El Oro para participar de una audiencia. En esa diligencia se valorará la decisión del Consejo de suspender los concursos de fiscales por la evaluación a la Judicatura.

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