14 de septiembre de 2020 15:45

Presidente del Cpccs y Cut presentan demandas de inconstitucionalidad contra la Asamblea

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, interpondrá una demanda de inconstitucionalidad por la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, interpondrá una demanda de inconstitucionalidad por la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

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El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunciaron, por separado, demandas de inconstitucionalidad por la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

El anuncio lo hicieron hoy, lunes 14 de septiembre del 2020, antes de que se instalara la sesión 682 del Pleno para, entre otros puntos, resolver sobre el cambio de los integrantes de dicha Comisión, que se encarga de tramitar los pedidos de juicio político.

Cruz argumentó que en el Parlamento se pretende constituir “un Tribunal de Excepción para fraguar o tomar decisiones al margen de las disposiciones legales y constitucionales”.

El funcionario enfrenta un proceso de interpelación debido a presuntas irregularidades en el uso del carné que le otorga un 81% de discapacidad.

Cruz aseguró que “los plazos, el tiempo y la oportunidad que tenía la Comisión de Fiscalización para notificar sobre el juicio político, precluyó, es decir, concluyó”.

La presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP-aliados), todavía no se ha pronunciado al respecto, después de que ayer esta mesa parlamentaria decidiera iniciar con el trámite del pedido de juicio político contra Cruz, que es impulsado por Henry Kronfle (PSC).

Cruz argumentó que la investigación por la supuesta ilegalidad de la obtención de su carné de discapacidad fue desestimada en el 2011 por la Fiscalía y archivada por el Juzgado 5to. de Garantías Penales.

"La obtención de mi carné de discapacidad fue legal y mi discapacidad auditiva y visual fue comprobada. El asambleísta que presentó el juicio político se dejó llevar por supuestos que ya fueron rebatidos hace 10 años”, concluyó Cruz.

En su demanda, Cruz se adelantó a la decisión del Pleno del Parlamento y argumentó que "algunos asambleístas inobservaron la Ley Orgánica de la Función Legislativa, irrespetaron el período de dos años que por ley le corresponde a la Comisión de Fiscalización, presidida por Johanna Cedeño; rompieron la seguridad jurídica del Art. 82 de la Constitución de la República; se autoproclamaron como una comisión especial, vulnerando el Debido Proceso, garantizado en la Constitución y la prohibición de ésta a conformar comisiones especiales, disposición que se encuentra en el Art. 76 numeral 7, literal k”.

Mientras tanto, a través de un comunicado, la CUT expresó su respaldo a la Comisión de Fiscalización, en donde se han realizado procesos de control político a conflictos de trabajadores en empresas eléctricas, Ban Ecuador y algunos ministerios.

“Rechazamos que en la Asamblea Nacional primen intereses de grupos de poder político, que buscan fortalecer sus agendas electorales, sin importarles que el pueblo ecuatoriano los eligió no solo para elaborar las leyes sino para respetarlas”, añade el gremio.

Por otra parte, la Procuraduría General del Estado se ratificó en que la reestructuración de la Comisión no se apega a la Ley de la Función Legislativo. En un comunicado señaló que este pronunciamiento tiene el carácter de vinculante, pese al rechazo de algunos legisladores.

El debate sobre la reestructuración de la Comisión se da después de las renuncias de los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, dos de sus integrantes. Ellos enfrentan cargos por supuesta delincuencia organizada. Mientras que Karina Arteaga, otra de sus integrantes, tiene una investigación por supuesta concusión.

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