5 de julio de 2020 00:00

El covid-19 complicó a los juzgados de la Familia

Guillermo Narváez necesita copias certificadas de la sentencia de un juicio de alimentos, pero no las puede conseguir. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Guillermo Narváez necesita copias certificadas de la sentencia de un juicio de alimentos, pero no las puede conseguir. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redacción (I)

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No es la primera vez que llega a las oficinas judiciales y le dicen que su caso no avanza. El viernes, a Fernanda Carrera le dijeron que regresara mañana, que no está la funcionaria judicial que lleva su caso, porque ahora solamente se trabajan con el 25% del personal.

Ella llegó a la Unidad Judicial de la Familia, que opera en el norte de Quito, y preguntó sobre el estado de la demanda de alimentos para su hijo de 3 años y para ella, que está embarazada de seis meses.

Carrera tiene 37 años. Dará a luz en septiembre. “Ojalá que hasta esa fecha ya se resuelva mi juicio”. El proceso legal fue presentado a mediados de febrero, pero llegó la pandemia y los jueces paralizaron el despacho de las causas. Hoy, cuenta que desde diciembre su expareja no le pasa la manutención.

Su demanda quedó en la mitad del proceso. “Falta que señalen la audiencia y que nos notifiquen, después debemos presentarnos ante el juez y esperar la sentencia. Pero los funcionarios nos dicen que seamos pacientes, que están repletos en cuanto a los casos”.

En la puerta de ingreso para la Unidad Judicial también está Pilar Díaz. Cuenta que su hijo presentó dos demandas.

La primera, para poder visitar a su hija de 3 años, y otra para obtener la patria potestad.

“Estamos con este trámite desde el año pasado, justo llegó la pandemia, es cierto, pero sería bueno que hagan algo para resolverlo rápido, porque no son solo juicios, hay familias que sufrimos detrás”.

Sabe que su hijo lleva más de cuatro meses sin poder ver la niña, “porque la madre desapareció y luego la encontramos en la calle; la bebé tenía la carita totalmente golpeada”.

Fernanda Carrera preguntó sobre la demanda de alimentos para su hijo de 3 años, pero la funcionaria no se encontraba. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Fernanda Carrera preguntó sobre la demanda de alimentos para su hijo de 3 años, pero la funcionaria no se encontraba. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Luego de esperar unos 20 minutos sale el hijo de Díaz y le comenta que no hay avances en sus demandas, que deben regresar la próxima semana.

Este relato se repite uno tras otro. Los usuarios dicen que han esperado, que sus expedientes no se resuelven o que la pandemia agravó la situación.

El Consejo de la Judicatura (CJ) advierte que hasta el 30 de junio, en el área de Familia había 252 679 juicios pendientes por resolverse en el país.
En ese grupo incluso hay causas represadas desde 2017.

Se trata de procesos por pensiones de alimentos, regímenes de visita, adopciones, divorcios, demandas de paternidad, etc. Sus trámites comenzaron antes de la pandemia.

Entre el 17 de marzo y el 5 de junio pasado, el despacho de este tipo de trámites quedó en suspenso porque la Judicatura cerró los juzgados de Familia. Se trató de una medida sanitaria para evitar la propagación masiva del covid-19.

A partir del 8 de junio se retomó el despacho y desde entonces la gente hace filas para ingresar a las oficinas judiciales.

Desde que volvió la atención al público, en todo el país se han presentado 7 156 nuevas demandas de familia y han ingresado 88 624 pedidos por escrito.

El viernes 3 de julio del 2020, Marco Lozano, de 37 años, dejó una solicitud para que su juicio de divorcio se reactive. La demanda la presentó en diciembre, pero hasta el momento no han notificado a las partes y asegura que sin la disolución del matrimonio no puede solicitar un préstamo que necesita para paliar la crisis económica que atraviesa.

“Me dijeron que no se encuentran quienes despachan y que esté pendiente la próxima semana a ver si ya se igualan”.

Mientras duró la suspensión de estos servicios judiciales, Lozano cuenta que revisó una vez por semana el avance de la causa por el portal web de la Función Judicial. “Pero como no aparecía nada nuevo, vine para apersonarme de esto y a ver si obtengo alguna noticia”.

La Judicatura reconoce que el despacho de causas se agravó con la pandemia y, sobre todo, tras un recorte de USD 19,5 millones a su presupuesto para este año, que ha implicado el despido de 166 funcionarios en el 2019 y 26 más en el 2020.

“El déficit de jueces y de personal jurisdiccional, acompañado de la suspensión de actividades por el coronavirus, traen como consecuencia el represamiento de causas, con la afectación directa a los usuarios que esperan por la debida atención y el acceso expedito a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad”, señala el Consejo de la Judicatura.

Hasta antes de la pandemia, cada mes, a escala nacional, se efectuaba un promedio de 14 000 diligencias en todas las materias. Para el CJ, la situación es más crítica en las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y Miembros de la Familia.

En una de esas oficinas también se encontraba el viernes Guillermo Narváez, un hombre de 40 años. Acudió para solicitar copias certificadas de su sentencia relacionada con un juicio de pensiones alimenticias. Asegura que necesita ese documento para comenzar su trámite de divorcio y sin eso no puede avanzar en nada.

El viernes salió de los juzgados sin respuestas concretas y sin saber qué exactamente sucederá con su caso. “Me dicen que no hay más turnos para hoy, me tocará volver el lunes”.

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