El edificio de la Contraloría General, ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Tarqui, se encuentra fuera de funcionamiento debido a las afectaciones que sufrió en el contexto de la paralización. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
Con bombas molotov y material inflamable se encendió el fuego en los bloques del complejo de la Contraloría. Las evidencias fueron recogidas por los Bomberos de Quito, la Policía y la Fiscalía.
Pero solo luego de un informe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se decidirá si la estructura debe ser derrocada o se iniciará su rehabilitación. Esta fue saqueada, incendiada y destruida de forma intencional el pasado 12 de octubre, según la evaluación de los Bomberos.
Se trata de cuatro bloques. El primero, en donde se realiza la gestión de cauciones (información entregada por servidores públicos), sufrió destrozos en su infraestructura, tiene ventanas rotas y mobiliario removido de su sitio. Ahí se lanzaron bombas molotov sobre restos de llantas y otro material inflamable.
El incendio del segundo bloque, de fiscalización, fue causado en los dos primeros niveles y dejó una imagen desoladora y el mobiliario totalmente destruido, según el informe de los casacas rojas.
En el bloque antiguo, la planta baja quedó destruida. En el primer piso la oficina del contralor se ve negra y asolada, al igual que las oficinas aledañas. La sala de reuniones tuvo un impacto parcial.
Los dos subsuelos fueron afectados por el fuego generado de tres autobuses incendiados en el parqueadero externo. En la terraza de este bloque se encontraron botellas y material pétreo en su interior tapadas con telas, que fungen de mecha para prender las
Infografía de los montos contratados para la construcción del edificio nuevo del órgano de control del Estado.
¿Qué pasó con el edificio esquinero nuevo?
El edificio de hormigón armado más nuevo, que está en la avenida Seis de Diciembre y Tarqui, tiene similares afectaciones, pero este aún no ha sido entregado de forma definitiva por los ingenieros del Ejército, a cargo desde 2013.
La obra se adjudicó de forma directa sin concurso en la época del excontralor Carlos Pólit -hoy prófugo de la justicia-, y se ejecutó con seis contratos complementarios y cuatro órdenes de trabajo. Pólit estuvo en ese puesto de 2007 a 2017.
Bajo esta modalidad se acostumbró a incrementar los costos y en este caso pasó de USD 15,5 millones a USD 19,84 millones sin IVA (ver cuadro).
El contrato se firmó 11 días después de la aprobación de pliegos, el 16 de abril del 2013, por María Fernanda Vela, quien fungía como subcontralora administrativa subrogante y, por Cristóbal Carrillo, del Cuerpo de Ingenieros.
Para ese entonces se justificó la ampliación de oficinas y parqueaderos por el aumento de personal a 1 040 funcionarios; hoy son 1 450. También aumentó la demanda de servicios, como la presentación de declaraciones patrimoniales, lo cual ahora solo es digital.
También se incrementó la recepción de denuncias, la emisión de certificados de responsabilidad, mayor demanda de capacitación, espacio para lecturas de informes, etc.
El plazo de la obra fue de 730 días (dos años) a partir del 11 de junio del 2013 y debía ser entregado el 10 de junio del 2015. Pero se dio una prórroga de 172 días y a esta siguieron otras cinco, que extendieron el plazo hasta octubre del 2017.
No obstante, mientras transcurrían las extensiones de plazo, a mediados del 2016, comenzaron con trabajos adicionales, los cuales fueron justificados por administradores de contrato y la fiscalizadora Hospiplan.
Esta consultora fue observada por la misma Contraloría por las deficiencias en los diseños de elementos estructurales de los edificios del campus universitario de Yachay, en Urcuquí-Imbabura.
El primer contrato extra no requirió recursos y fue firmado por Sabett Chamoun, exsubcontralora administrativa y a quien la Justicia sentenció a un año de cárcel por arrogarse el cargo de contralora, tras la salida de Pólit, en 2017.
La exburócrata suscribió otros dos contratos con el argumento de rubros nuevos no previstos inicialmente, que sumaron USD 3 millones.
Los tres siguientes contratos fueron de menor cuantía, pero también sirvieron para dilatar la entrega de la edificación y a estos se sumaron cinco órdenes de trabajo por cerca de un millón de dólares. En total con el contratista se acordó pagar USD 19,84 millones sin IVA, que según las normas de contratación pública de ese momento estaba dentro de lo legal. No excedió el 35% del valor del contrato principal.
Los pagos se han realizado hasta este año y según la Contraloría el equipamiento y la edificación están asegurados por USD 23,8 millones, pero no precisó si se trata de la antigua y de la
En el cuarto piso hay dos áreas donde se originó el incendio. En la primera se constató oficinas calcinadas y en la otra la afectación es parcial. Ahí funcionaba el área de recurso de revisión de informes.
Las oficinas del lado oeste del quinto piso son las más impactadas. Ahí operaba el área de predeterminaciones.
La destrucción del sexto piso de talento humano se encuentra en el suroeste. En el séptimo estaba la dirección de responsabilidades con expedientes en análisis para confirmación o desvanecimiento de responsabilidades civiles, administrativas. Ahí el mobiliario está muy dañado… Hay cinco autos quemados.
