Santiago Estrella. Corresponsal de Argentina
Los sistemas judiciales de la región exigen una verdadera independencia del Poder Judicial, respecto a los demás poderes.
En la Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas, que finalizó el viernes pasado en Buenos Aires, ese fue el principal pedido de los magistrados.
Esto, a decir de varios juristas consultados por este Diario, es un tema de nunca acabar: “La injerencia política es algo que ocurre en todo el mundo”, dijo uno de ellos. “Ocurre que en muchos pronunciamientos (de las cortes) se puede reconocer un tinte político porque de algún modo el juez está vinculado con el poder político de turno. En la selección de los magistrados, tenemos la influencia del sistema americano, que siempre pasa por el Ejecutivo”.
Además, agrega, el poder político intenta contar con jueces amigos. “Es casi una suerte de pandemia. Aunque puede haber excepciones, en general el poder procura, y no debería hacerlo, tener jueces vinculados”, dice Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en cambio, asegura que no existe una fórmula exacta para lograr esta independencia. Hay consejos superiores de la magistratura en algunos países, pero en otros se consagran sistemas mixtos entre los dos o tres poderes.
En este sentido, el respeto a las minorías es central, no solo por la independencia establecida en la Ley, sino también por la independencia como un hecho cultural.
“Esto implica que los ciudadanos entiendan que el Poder Judicial debe fallar independientemente de la opinión que cada ciudadano tenga de ella”.
Al ser la conferencia una cumbre institucional más que un encuentro académico, los jueces compartieron sus experiencias. Ricardo Bont, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, contó que en los últimos 10 años hay avances significativos con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, “integrada por un miembro del colegio de abogados, uno de otras profesiones (médico, en este caso), del Poder Judicial y otras instituciones que aportan. Son nueve miembros que designan y destituyen a los jueces. Es un ente autónomo y no como antes, que todo dependía del Ejecutivo y del Legislativo”.
Patricio Pazmiño, presidente del Tribunal Constitucional ecuatoriano, asegura que en el país, “ahora los jueces ordinarios son jueces constitucionales y esto implica un cambio metodológico”. El Congreso no tiene nada que ver, sino la Corte Constitucional y los jueces son jueces de garantías constitucionales.
Esto, según Pazmiño, acerca a la Función Judicial a la gente. Sin embargo, todos los magistrados reconocieron que la autonomía no es completa y es en donde se encuentra la mayor medida de presión para el Sistema Judicial.