1 de septiembre de 2018 00:00

La Corte Constitucional entró en vacancia de 60 días

Ángel Torres (con el micrófono) rindió juramento ayer, durante su posesión como Defensor Público encargado. Foto:Julio Estrella / EL COMERCIO

Ángel Torres (con el micrófono) rindió juramento ayer, durante su posesión como Defensor Público encargado. Foto:Julio Estrella / EL COMERCIO

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Mario A. González. Redactor
politica@elcomercio.com (I)

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Plazos, términos, sustanciaciones, resoluciones. Todo queda suspendido en la Corte Constitucional (CC). Los nueve jueces de esa entidad fueron destituidos y hasta que se nombre a sus reemplazos se estableció una vacancia.

Este viernes 31 de agosto del 2018, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t) ratificó el cese de los exmagistrados, luego de negar el recurso de revisión.

Tal como había ocurrido con el cese de otros organismos, como la Judicatura y el CNE, en el Transitorio se analizó el nombramiento de jueces encargados. Pero al final la decisión -bajo dos argumentos- fue disponer un receso en la CC.

Primero porque, según el presidente Julio César Trujillo, por las funciones de la Corte no era prudente encargar a quienes no van a permanecer en esos cargos sino por días.

Y el segundo argumento es que aunque la CC no esté funcionando jurisdiccionalmente con normalidad, la administración de justicia constitucional seguirá trabajando debido al sistema desconcentrado.

Por ejemplo, la presentación, tramitación y resolución de las acciones de defensa de derechos humanos, como las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y medidas cautelares seguirán funcionando a través de los jueces ordinarios de las cortes provinciales y Nacional.

La vacancia durará 60 días, desde que se apruebe el reglamento para la elección de la nueva Corte. Según Trujillo, ese documento está listo y se expedirá la próxima semana. Aunque hasta el 8 de septiembre el Pleno estará incompleto, Trujillo y los consejeros Pablo Dávila y Luis Hernández viajarán a Londres (Reino Unido), para conocer acerca de la política pública de lucha anticorrupción de ese país.

Durante el receso, todas las acciones, demandas, peticiones y demás solicitudes que lleguen a la CC deberán ser receptadas con normalidad, para que los nuevos magistrados las resuelvan cuando se posesionen. Por esta razón, los funcionarios administrativos continuarán cumpliendo sus funciones regularmente.

Además, en la vacancia constitucional dejan de correr los plazos y términos detallados para las acciones constitucionales, así como las consecuencias jurídicas de los mismos.

El Pleno del Cpccs solicitó además al secretario y al secretario técnico de la CC que, en un plazo de 20 días, remitan un informe detallado del número de causas pendientes de admisión, revisión, selección, sustanciación y resolución.

Y solicitó al contralor Pablo Celi que iniciara acciones de control, con el fin de que se determinen posibles responsabilidades e indicios de los anteriores magistrados de la Corte.

El consejero Pablo Dávila aclaró que el Cpccs-t no declaró la vacancia, sino que esta es una consecuencia jurídica del cese de los exmagistrados.

Sobre la elección de los nuevos jueces, los consejeros garantizan que el reglamento va a cumplir lo que manda la Constitución, en el artículo 434.

Es decir, que se conformará una comisión calificadora con dos representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social. Esta Comisión, a su vez, deberá solicitar a los representantes de esas mismas funciones del Estado que envíen una lista de nueve candidatos para integrar la nueva Corte.

El Pleno del Cpccs-t, además, ratificó ayer también el cese de Fernando Cordero como superintendente de Ordenamiento Territorial. También fue negado su recurso de revisión. Pero en ese caso sí se nombró un encargado, se trata de Xavier Arboleda, quien estará en el cargo hasta que se elija al nuevo titular de la entidad.

Cordero criticó esa resolución. Dijo que se violaron la Constitución y las leyes. Además, cree que la Superin­tendencia encargada le correspondía a Fernando Pauta, quien se desempeñaba como intendente de la entidad.

Los seis meses que el Cpccs-t tiene para evaluar culminarán el próximo jueves. Ha cesado a 28 funcionarios; están pendientes únicamente los recursos de revisión de tres jueces electorales. Quedaron pendientes del proceso los delegados ciudadanos al Banco del Seguro (Biess) y el exdefensor Público, Ernesto Pazmiño.

En ambos casos se decidió no evaluar. Los funcionarios del Biess concluyen su período el próximo mes y se procederá directamente con el nombramiento de sus reemplazantes.

Mientras que Pazmiño estaba prorrogado desde junio pasado y ayer se dio por terminada su función. Hasta que se nombre a su reemplazo, Ángel Torres estará a cargo. Este viernes, el Pleno lo designó y posesionó.

Él es un abogado de 49 años. Su ejercicio profesional empezó en el 2003 con casos civiles, laborales, de tránsito, inquilinato y trámites notariales. Del 2008 al 2011 fue analista en el Ministerio de Agricultura.

En contexto

Durante los siguientes ocho meses que le restan en funciones, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio deberá dedicarse a dos tareas: designar autoridades de 14 entidades y elaborar un proyecto de políticas públicas anticorrupción.

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