8 de mayo de 2018 00:00

90 días para acordar pago de la Cervecería a trabajadores por utilidades

El Ministerio de Trabajo actuará como mediador para dar cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Ministerio de Trabajo actuará como mediador para dar cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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La Corte Constitucional (CC) estableció un plazo de 90 días para que se informe al organismo sobre el monto que Cervecería Nacional deberá cancelar a sus extrabajadores por concepto de utilidades.

El Ministerio de Trabajo actuará como mediador en el proceso que reunirá a las dos partes. El plazo comenzó a contar a partir de la notificación de la sentencia, emitida el 18 de abril de 2018, que establece que se vulneraron los derechos de los extrabajadores.

Si cumplido el plazo, las partes no llegaran a un acuerdo, el titular de la Cartera de Trabajo, Raúl Ledesma, tendrá la potestad de establecer en un plazo de 30 días el monto económico a cancelarse.

“Los trabajadores tienen el derecho de cobrar las utilidades. Lo que se discutirá es el monto de esa indemnización. Estamos en eso, esperando que el Ministro cumpla a cabalidad el mandato dado por la Corte Constitucional”, afirmó Viterbo Zevallos, abogado de los exempleados de Cervecería Nacional.

El jurista señaló que el beneficio a cancelar no debe ser inferior a USD 90 millones, monto que fijó el Servicio de Rentas Internas (SRI) tras una evaluación al tema en agosto del 2009. A esa cifra se deben sumar los intereses. Según Zevallos, la resolución de la CC beneficia a 1 200 excolaboradores.

El conflicto se originó porque los extrabajadores exigen el pago de utilidades entre 1990 y el 2005, cuando laboraron en firmas relacionadas con la Cervecería.

El argumento de la empresa es que no existe vinculación con las compañías que se contrataron en ese período y que esas firmas pagaron las utilidades de acuerdo con la ley.

Pero los extrabajadores sostienen que las empresas tercerizadas como Sudeper, Masfesa, Casdase, Percanel y Soltrade sí estaban relacionadas con la Cervecería.

La disputa se formalizó en el 2008, cuando los trabajadores presentaron una demanda legal en una corte local. El punto más alto del conflicto se vivió en el 2010 cuando un juez resolvió emitir medidas cautelares y paralizar la producción de la firma durante tres días. En el 2011 el caso llegó a la Corte Constitucional.

La Cervecería Nacional emitió un comunicado este lunes, 7 de mayo del 2018, en el que aseguró, sin dar más detalles, que actuará “en el marco de la legalidad en el proceso administrativo correspondiente”.

Manifestó que la compañía respeta las ordenanzas provenientes de todas las instancias legales del país.

“Somos una empresa que cumple con la legislación, protege a sus trabajadores, es responsable con las obligaciones adquiridas y el cuidado de su talento humano”, anota el texto.

El abogado de los extrabajadores espera que Cervecería “haga honor” a su afirmación y cumpla con lo que dispuso la Corte Constitucional.

Cronología

Julio 2008
Un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional demanda a la empresa ante la Dirección del Trabajo de Guayaquil, por el no pago de utilidades en 15 años.

Ene-Dic 2010
La Dirección del Trabajo cierra el trámite. Los trabajadores piden acción de protección. Se ordena medida cautelar contra la Cervecería.

Febrero 2011
Tras la reapertura de las operaciones de la empresa, el asambleísta Galo Lara denuncia un supuesto soborno de la empresa a Alfredo Larrea.

Abril 2011
La acera de la Corte de Justicia del Guayas se convirtió por más de cinco años en escenario de protestas de los ex trabajadores que pedían resolución de la demanda.

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