27 de octubre de 2019 00:00

Corte Nacional de Justicia acumuló cuestionamientos

El pasado 5 de mayo, el Comité de Expertos entregó al Pleno del Consejo de la Judicatura un informe del proceso. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El pasado 5 de mayo, el Comité de Expertos entregó al Pleno del Consejo de la Judicatura un informe del proceso. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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El informe tiene 249 páginas. Fue levantado por la Mesa de la Verdad y la Justicia y presentado públicamente en febrero de este 2019. Se trató del primer texto en el que se documentó oficialmente cómo los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, aparentemente “ayudaron” a la persecución ejecutada por el correísmo.

Tras analizar 247 denuncias ya se identificó a 14 de ellos y se pidió que la Fiscalía comenzara una investigación penal.

Ocho meses después, la Mesa y sus integrantes esperan que esas indagaciones se ejecuten, más todavía cuando el Consejo de la Judicatura difundió que el 67% de los evaluados no alcanzó los 80 puntos para seguir en el alto Tribunal.

Los juristas aún pueden presentar sus observaciones hasta el martes de la próxima semana y la Judicatura tiene cinco días más para resolverlas.

Es decir, la lista definitiva de quiénes se van y quiénes no estaría lista después del feriado por el Día de los Difuntos.

Sin embargo, el penalista Gonzalo Realpe advierte que los resultados preliminares evidencian las debilidades de los operadores de justicia.
En la lista de los magistrados que sí aprobaron la evaluación está la actual presidenta de la Corte, Paulina Aguirre. Obtuvo el puntaje más alto de todos los evaluados: 90,77 sobre 100.

También están María Heredia, Katerine Muñoz, Álvaro Ojeda, Marco Rodríguez, Iván Saquicela, Alejandro Arteaga, Himmler Guzmán, David Jacho, Iván Larco, Patricio Secaira y Daniella Camacho.

Esta última llamó a juicio al expresidente Rafael Correa, señalado por el plagio del activista político Fernando Balda.

También tiene en su poder el caso Sobornos. Luego de sortear dos acciones legales en su contra seguirá con la audiencia preparatoria de juicio en contra del exmandatario y de otras 21 personas procesadas.

En ese expediente precisamente se conoció cómo desde Carondelet se dirigió y vigiló la conformación de la Corte Nacional de Justicia.

Según documentos judicializados, desde el Ministerio de Coordinación Política se promovió a la gente que quería postularse al alto Tribunal.
Por eso, la Mesa advierte que Correa fue el ‘perseguidor’.

En el informe presentado por este organismo se cita un caso denominado Rebelión.

Allí se explica que tres personas investigadas por ese delito fueron capturadas sin órdenes de detención, no se les permitió contar con sus abogados y se les impuso defensor público.

Durante el proceso judicial, “no existió un sorteo para seleccionar al juez de la causa, se hizo válido un informe de Inteligencia sin el nombre del investigador”. Además, se cuenta que en una instancia más alta, como la Corte Nacional, se llegó a pedir USD 60 000 para excluir del proceso y no ser inculpados. En otro caso, etiquetado como Terrorismo, se explica que un recurso de casación (que se resuelve en la Corte Nacional) pasó tres años sin tratarse. Este recurso se cerró solo después de que Rafael Correa dejara el poder y la procesada fuera declarada inocente.

La afectada denuncia que mientras duraba su acción penal hubo hostigamiento. Cuenta que la persecución incluso llegó desde su lugar de trabajo, un plantel de educación pública. “Me iniciaron acciones administrativas y sufrí un acoso laboral permanente”.

En el informe que ahora se revisa en el Consejo de la Judicatura también se indica que “se instauró una forma de extorsión”, para evitar ser procesados. “Según indican los denunciantes, hubo familias que pagaron hasta USD 50 000 para que no se les acusara. Otros no pudieron reunir el dinero y tienen a sus parientes presos”, se lee en el documento.

Los juristas que evaluaron a los magistrados sostienen haber encontrado modelos preestablecidos para emitir las condenas. Esa información ahora se encuentra en manos del Consejo de la Judicatura.

La nota más baja fue de 54,14, que obtuvo un juez que en agosto del 2017 ya fue separado luego de que se revelara un audio en el que el excontralor Carlos Pólit afirmaba haber solicitado a un juez que declarara maliciosa y temeraria una denuncia en su contra. Él regresó al puesto luego de presentar recursos judiciales. Similares puntajes obtuvieron los magistrados separados por levantar la prisión que pesaba contra el exsecretario jurídico del correísmo, Alexis Mera.

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