18 de noviembre de 2019 00:00

Corte Nacional se completará con jueces temporales

En febrero, la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre (centro), habló de la evaluación. Foto: archivo / EL COMERCIO

En febrero, la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre (centro), habló de la evaluación. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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Luego de que 23 de 36 magistrados fueran removidos de la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura elaboró un plan para reemplazarlos.

Esas vacantes serán asumidas de forma temporal por magistrados de las cortes provinciales, hasta nombrar a los definitivos. Ese último proceso arrancará el próximo año y tomará entre ocho y 12 meses.

Para designar a los magistrados provisionales, desde el sábado 16 de noviembre del 2019, la Dirección de Talento Humano de esa institución empezó a buscar candidatos entre los 337 jueces provinciales que existen en el país.

En una reunión efectuada la semana pasada, se estableció el perfil que deben cumplir: mínimo 10 años de experiencia dentro de la Función Judicial, cinco específicamente en las cortes provinciales, y especialidad en el ámbito penal, administrativo, tributario, civil, laboral o familiar.

Además, deben contar con un título de tercer nivel en Derecho, no registrar indagaciones disciplinarias ni tener dos sanciones leves o una grave en un mismo año.

“Pedimos una base de datos para conocer los detalles y escoger a quienes cumplan con todos los requisitos”, dijo personal de la Judicatura.

El Pleno del organismo tiene prevista una nueva reunión mañana, 19 de noviembre, para analizar las opciones y hacer la designación.

Según Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, está previsto que el 22 de noviembre ya se incorporen a sus nuevas funciones en la Corte Nacional de Justicia. “Trabajamos para suplir inmediatamente a los magistrados”.

Mientras se realiza la selección de los reemplazos temporales de las cortes provinciales, cinco conjueces que sí aprobaron la evaluación asumirán desde hoy las oficinas de los jueces removidos.

Además, deberán acudir a las audiencias que ya estaban programadas. Según Morillo, la idea es “que no se afecten los procesos judiciales”.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 200), los conjueces que sean seleccionados tendrán las mismas responsabilidades y funciones que los jueces. Pueden actuar a tiempo completo o en una causa específica.

De hecho, hoy, 18 de noviembre, está previsto que los vocales de la Judicatura y la presidenta de alto Tribunal, Paulina Aguirre, se reú­nan para coordinar “la reconformación de los despachos”.

Actualmente, los jueces del alto Tribunal tienen 2 448 j­uicios cuya resolución está aún pendiente.

Las salas con mayor número de causas son: Contenciosa
Administrativa, Laboral y Penal. En esta última hay 1 669 casos (ver infografía adjunta).

De los 23 jueces y conjueces que no alcanzaron el puntaje mínimo para continuar en la Corte, cuatro pertenecen a la Sala Penal. Dos de ellos debían convocar a la audiencia de juicio por presunto peculado, en contra de Walter Solís, exsecretario del Agua (Senagua), y de cinco personas más.

Esto ocurre también en el proceso contra la exasambleísta Norma Vallejo, procesada por el presunto delito de concusión, relacionado con el caso Diezmos, en el Legislativo.

Dos de los magistrados que conforman el Tribunal Penal designado para la audiencia de juzgamiento de Vallejo, tampoco alcanzaron el puntaje mínimo de 80/100 en el proceso de valoración que se inició en febrero pasado y culminó el viernes, con el anuncio de los jueces removidos.

Por esa razón, esta diligencia deberá ser conocida por los nuevos juristas.
El viernes pasado, a los evaluados les notificaron sus calificaciones definitivas; y además, la lista con los nombres de quienes reprobaron.

Con ese documento tienen la disposición de dejar la Corte Nacional de Justicia y ya no podrán dirigir las audiencias que estaban programadas para esta semana.

Pero Morillo dijo que si tienen pendiente notificar por escrito una sentencia dictada, deben hacerlo antes de irse.

El Código Orgánico de la Función Judicial (art. 121) habla de la posibilidad de ejercer funciones prorrogadas.

En esta normativa se establece que “el servidor judicial, aunque hubiese cesado en sus funciones, no quedará liberado de sus responsabilidades, sino únicamente cuando haya entregado archivos, documentos o bienes en su poder”.

La Judicatura decidió reemplazar temporalmente a los 23 magistrados por funcionarios judiciales de las cortes provinciales, pues actualmente el banco de jueces elegibles está agotado. Esto ocurrió el 15 de marzo del año pasado, cuando el entonces presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, nombró a los últimos siete juristas como conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

En contexto

Nueve meses duró la evaluación a la Corte Nacional. Los vocales del Consejo de la Judicatura aseguraron que este proceso fue técnico, que no se trató de un tema político y que el objetivo no era remover a los magistrados que ingresaron en el correísmo.

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