20 de febrero de 2019 00:05

Corte Nacional pide ‘parámetros claros’ para su evaluación

Presidentas de la Judicatura, María Maldonado (izq), y de la Corte, Paulina Aguirre.

Presidentas de la Judicatura, María Maldonado (izq), y de la Corte, Paulina Aguirre. Foto: API

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Redacción Seguridad
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Tras el anuncio del Consejo de la Judicatura (CJ) de que el proceso de evaluación de la Función Judicial comenzará con los 21 jueces de la Corte Nacional, la presidenta de este alto Tribunal, Paulina Aguirre, dijo el pasado martes 19 de febrero de 2019 que el CJ aún no les ha entregado los parámetros bajo los cuales serán valorados.

“Como funcionarios públicos estamos conscientes que debemos rendir cuentas a la sociedad, pero lo que pedimos es que sean claros los parámetros a usar”, aseguró.

El Código Orgánico de la Función Judicial (art. 87) dice que los servidores de la Función Judicial deberán rendir una evaluación individual y periódica de su rendimiento, con la presencia de un control social.

En la normativa también se menciona que los jueces que no alcancen un puntaje mínimo requerido serán evaluados nuevamente dentro de tres meses. Si mantienen una calificación deficiente serán removidos de sus cargos.

Pese a eso, la evaluación a los magistrados nacionales quedó suspendida, el pasado 18 de septiembre por decisión del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Según la resolución de esa fecha, esta decisión se tomó porque el Consejo de la Judicatura de ese entonces no tendría “suficiente tiempo para realizar la valoración”.

La exvocal de la Judicatura transitoria Angélica Porras mencionó que la resolución del Cpccs dejó “sin espacio” a ese organismo.

Después de la designación de los vocales definitivos del CJ, el Consejo de Participación exhortó para que en el menor tiempo posible establezcan los parámetros e inicien la evaluación a los funcionarios judiciales.

De hecho, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, señaló que “más allá de la exhortación, este CJ recién posesionado, por propia convicción de nuestros deberes, hemos trabajado en varias sesiones y esta semana haremos un anuncio muy importante respecto a la evaluación de jueces de la Corte”.

En la norma de la Función Judicial (art. 89) establece que el Consejo de la Judicatura es la entidad encargada de determinar los objetivos, normas técnicas, métodos y procedimientos de las evaluaciones de acuerdo con los parámetros cualitativos y cuantitativos que estipule el departamento de Recursos Humanos de la Judicatura.

La magistrada Aguirre explicó que los parámetros cuantitativos hacen referencia a la cantidad de causas despachadas por cada magistrado. “Por ejemplo, dos jueces tenemos 1 000 causas cada uno. Si uno despacha 900 y el otro 10 es evidente la negligencia”. Y los cualitativos corresponden a la calidad de la redacción de los fallos judiciales.

Sin embargo, aseguró que no han hecho ninguna recomendación a la Judicatura sobre cómo debe realizarse las pruebas a los jueces.

La titular de la Corte Nacional también recordó que el pasado 31 de enero se reunieron con el Pleno de la CJ.

En ese encuentro, la Corte Nacional se comprometió a colaborar con los insumos para la evaluación. “Por ejemplo, si nos piden al azar sentencias para establecer la calidad de las mismas, vamos a proporcionarles; esa es la ayuda que hemos ofrecido”.

El abogado penalista Gabriel Ponce considera que la Judicatura debe analizar la carrera profesional de los jueces, los méritos que tuvieron para ocupar el cargo. Además deben evaluar sus conocimientos académicos.

Un criterio similar tiene Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa por la Verdad y Justicia de los judiciales destituidos. Ella cree que la Judicatura debe verificar que los magistrados cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. Primero que tengan 10 años de docencia universitaria o de ejercicio profesional dentro de la carrera judicial. También comprobar que llegaron a ser jueces nacionales por méritos y sin tener vínculos con partidos políticos.

Además, Cadena recomienda que la evaluación se haga con la participación de veedores “especializados e imparciales para que el proceso sea transparente”. Ella menciona que pueden ser los miembros de la Comisión Anticorrupción, catedráticos y abogados.

Marlene Vela, miembro de la Mesa, cree que es necesario que la Judicatura realice la evaluación lo más rápido posible. También que es “importante que los jueces conozcan la metodología con la que van a ser valorados”.

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