20 de octubre de 2018 00:00

La Corte-IDH falló a favor de 39 personas; la reparación no llega

El abogado Gustavo Aveiga habla con una de las personas que dice haber sido afectada tras el operativo realizado por los militares. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

El abogado Gustavo Aveiga habla con una de las personas que dice haber sido afectada tras el operativo realizado por los militares. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Los habitantes del Suburbio oeste de Guayaquil aún recuerdan el estruendo que los despertó el 6 de marzo de 1993. En la madrugada se ejecutó un operativo militar con 1 200 hombres vestidos de camuflaje y el rostro pintado de verde y negro. Hubo 39 personas detenidas y tres fallecidos.

La operación se desplegó por las calles 40, 41 y la J, K, L. Las vías eran de tierra y una ligera llovizna había creado charcos de agua y lodo. Según publicaciones de la época, los uniformados usaron explosivos, helicópteros y camiones. Su objetivo, describen los diarios, era erradicar a un supuesto grupo terrorista denominado Sol Rojo, aparentemente sucesor de Alfaro Vive.

Casas como la de Carmen, una de las 39 personas detenidas, estaban marcadas. El día de la incursión, ella tenía 21 años y vivía con Juan, su esposo, de 28 años. Su vivienda estaba frente al destacamento militar. Ahora, ella recuerda que una explosión derribó la puerta blanca de metal.

Mientras se esparcía el humo, los uniformados ingresaron al inmueble de una sola planta. Carmen tiene hoy 46 años y recuerda que los uniformados tenían la consigna de detener a su pareja. Pero también ella fue aprehendida.

Ambos fueron esposados y sacados de la casa con una funda de tela en la cabeza.

25 años después sigue sin entender por qué les apresaron. La mujer cursaba una ingeniería en informática mientras que su esposo laboraba como comerciante en el centro de Guayaquil. No fueron los únicos detenidos. En el balde de un camión estaban más personas. Todas fueron llevadas hasta una base militar, según registros de 1993.

A Carmen la encerraron en un cuarto. No sabe cuánto tiempo pasó, pero la necesidad de ir al baño la obligó a pedir permiso. Su voz se quiebra y piensa que fue su peor error. Con temor relata los abusos sexuales que vivió. Dice que en el acto estaban soldados.

Su secreto salió a la luz 13 años después. En el 2006 los 39 detenidos se reunieron en el mismo vecindario y se organizaron para demandar al Estado y exigir una indemnización y reparación por las afectaciones emocionales, físicas y materiales ocasionadas.

La demanda llegó a la Corte Interamericana de DD.HH. El expediente se denominó ‘Zambrano Vélez y otros’ y contiene 320 fojas con los testimonios y los recortes de periódicos de ese año.

El 2007 la Corte falló a favor de las víctimas por ejecución extrajudicial. Gustavo Aveiga, abogado defensor del grupo, detalla que el fallo solicitaba al Estado ecuatoriano que investigara los hechos e identificara a los responsables, también que indemnice a los familiares de los tres fallecidos y ofrezca disculpas públicas.

El documento presentado a la Corte recogía más testimonios, como el de Juana, en ese entonces enfermera de 35 años. Los soldados también irrumpieron en su casa. Según ella, los uniformados dispararon. Mientras estaba herida en la sala, asegura, tenían a su esposo en el patio. Ocho días después se enteró que su cónyuge fue uno de los tres asesinados durante el operativo.

Los hermanos Rivera Mariscal también recuerdan el correteo de los uniformados por su casa. Ellos tenían 21 y 14 años. Cursaban la universidad y el colegio cuando fueron retenidos. Recuerdan que recibieron puntapiés, que les sumergieron en tanques de agua y que les aplicaron corriente.
Querían hacerlos confesar y que dijeran quiénes eran los supuestos “líderes terroristas” que vivían en el Suburbio.

El abogado Aveiga dice que el caso fue denunciado en la Fiscalía General en 1993. Desde entonces, afirma que el proceso continúa en reserva. En el 2017, el caso fue sorteado a la Dirección de la Comisión de la Verdad y está en Azuay.

El mayor de los hermanos Rivera recuerda que cogió el fusil de un uniformado y dijo “mátame de una vez”.

“Yo estaba estudiando para ser profesional. Me mancharon el récord policial. Yo pido que nos reconozcan como víctimas, inocentes y que se repare en algo nuestras vidas”.

El 2010, la Procuraduría General emitió disculpas públicas en la prensa. El escrito señala que “el Estado lamenta lo sucedido con los señores, su familia y la sociedad en general que se vio privada de su derecho a la verdad (…)”. Hoy buscan que se establezcan responsables y que se los indemnice.
Según el expediente, la Corte solicitó “al Estado que al momento de presentar su escrito a la demanda (...) remita copias legibles de cualquier investigación judicial (...)”. Los documentos señalan que “la información no fue presentada”.

En los recortes de los periódicos de 1993, los militares expusieron que supuestamente sí existió una agrupación subversiva denominada Sol Rojo.
Según Aveiga, jamás se demostró esa hipótesis. El expediente presentado a la Corte no contiene versiones militares.

Los tres hermanos Lozano también vieron truncar sus sueños de ser profesionales. Ellos tenían un negocio de ebanistería y aseguran que ese día se quedaron a dormir en el local. Dicen que fueron golpeados y hoy quieren que se cumpla el fallo de la Corte.

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