16 de octubre de 2017 15:19

Corte IDH atraviesa grave crisis económica, dice su presidente

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Agencia AFP

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica), pasa por una grave crisis económica que pone en riesgo su funcionamiento, manifestó este lunes su presidente, el brasileño Roberto Caldas.

“La Corte Interamericana sigue teniendo una grave crisis”, dijo Caldas a periodistas en Panamá, donde este organismo realizará hasta el jueves, 19 de octubre del 2017, tres audiencias relacionadas a casos de Nicaragua, Colombia y Chile.

La Corte IDH es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados relacionados.

Compuesta por siete jueces, 22 países americanos aceptan su jurisdicción.

Según Caldas, la mala situación financiera de la Corte IDH se debe a que los países europeos, que aportaban la mitad del presupuesto, destinaron gran parte de esos fondos a solucionar la grave crisis migratoria ocurrida en Europa en 2015.

Eso ha hecho que muchos de los donantes hayan reducido o eliminado completamente sus aportaciones a la Corte.

“Algunos antiguos donantes anunciaron que van a disminuir (su contribución) para el próximo año. Realmente estamos necesitando de más consideración de todos los Estados de la OEA para dar un aporte fijo anual e indiscutible para que se pueda trabajar”, sostuvo Caldas.

“Esta es una crisis muy seria”, añadió Caldas, quien consideró que para que la Corte tenga un funcionamiento “ normal ” necesita unos 22 millones de dólares anuales.

Sin embargo, el presupuesto para 2017 es de USD 2,7 millones, una cifra muy inferior también a los 5,7 millones presupuestados antes de la crisis migratoria europea.

“Nuestros países deben sostener la Corte”, instó Caldas.

Entre las audiencias que se llevarán a cabo en estos días destaca la relacionada con presuntas ejecuciones extrajudiciales en Colombia en los años noventa.

Este caso guarda relación con las “ejecuciones extrajudiciales” de Gustavo Giraldo Villamizar (1996) , Elio Gelves Carrillo (1997) , Carlos Arturo Uva (1992) , Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez (1995) .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como “falsos positivos”.

“Había una especie de recompensa cuando se eliminaban guerrilleros y algunos inocentes civiles fueron vestidos de guerrilleros para obtener eso (la recompensa)”, manifiesta Caldas.

También se examinará la violación de una niña de 9 años, presuntamente por su padre, en Nicaragua, donde ha faltado la investigación del Estado.

La tercera audiencia es por una posible negligencia de un hospital público chileno por la muerte de un enfermo.

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