8 de octubre de 2020 00:00

Corte Constitucional: la sentencia no plantea indemnizaciones exorbitantes

En agosto, Beatriz Cadena, de la Mesa de Verdad y Justicia (centro), entregó la lista de exjudiciales destituidos. Foto: archivo / EL COMERCIO

En agosto, Beatriz Cadena, de la Mesa de Verdad y Justicia (centro), entregó la lista de exjudiciales destituidos. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

La reparación económica a los judiciales que sean reintegrados a sus cargos preocupó al Consejo de la Judicatura (CJ).

Todo comenzó en julio pasado, cuando la Corte Constitucional (CC) emitió un fallo y dispuso que jueces, fiscales y defensores públicos que fueron destituidos por error inexcusable, negligencia y dolo puedan recuperar sus puestos de trabajo de forma retroactiva y solicitar una reparación.

Pero hoy la Judicatura tiene en su poder una aclaración que la CC hizo a su fallo. En el documento de 26 páginas se dice: “No se ordenó el pago de montos económicos exorbitantes y alejados de la crisis económica que atraviesa el país”.

Este pronunciamiento del organismo constitucional se produjo ante una inquietud planteada por el CJ en el sentido de que “no se podría dar cumplimiento al reintegro de funcionarios por razones económicas e institucionales”.

Según la Judicatura, entre el 2019 y el 2020, el Ministerio de Finanzas les recortó USD 19,5 millones del presupuesto.

La reparación económica implica ingentes recursos económicos, dijeron las autoridades después de conocer el fallo de la Corte Constitucional.

Los cálculos iniciales decían, por ejemplo, que un juez que ganaba USD 5 000 al mes y haya dejado de trabajar un año debería recibir USD 60 000 en caso de ser reintegrado.

La CC aclaró que la Constitución y la ley prevén varias formas de reparación. “De ningún modo debe entenderse que se privilegia la compensación económica. Adicionalmente, la reparación que se determine en cada caso debe atender a criterios como la seguridad jurídica y el interés general”.

El constitucionalista Emilio Suárez advierte que hay otras formas de reparación, además de la económica. Cita las disculpas públicas a los afectados o que se establezcan protocolos para que no se repitan destituciones irregulares.

El pasado 25 de agosto, a la Judicatura llegó una lista de 208 exfuncionarios que fueron separados por error inexcusable y negligencia, entre el 2010 y el 2018. Pidieron el retorno a sus cargos y solicitaron que para la reparación se calcule el sueldo acumulado por los años que dejaron de trabajar, más los beneficios de ley.

La presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, Beatriz Cadena, entregó esa nómina. Ella dijo haber sido destituida en el 2015, y que para entonces ganaba USD 5 011 y que ahora tendría que recibir USD 295 649.

El listado de los exjudiciales reposan en Talento Humano del CJ. El vocal de la entidad, Juan José Morillo, asegura que ningún exfuncionario ha recuperado todavía su cargo ni ha recibido una reparación.

Morillo señala que el retorno del personal no será automático, sino que un juez constitucional o contencioso-administrativo deberá analizar los casos de quienes presentaron acciones de protección. De esta forma, se decidirá si recuperan o no sus cargos.

Es decir, entrarán en análisis solo aquellos casos cuyas acciones de protección u otras figuras aún estén en curso.

La CC aclaró no haber ordenado el regreso automático de los exfuncionarios judiciales.

Tras la sentencia de la Corte, un exjuez de Guayaquil presentó una acción de protección contra la Judicatura, para recuperar su puesto en la Unidad Penal de Guayaquil. Pero un magistrado negó esa solicitud el 2 de septiembre.

Fue destituido por negligencia en febrero, luego de que modificara una sentencia por drogas que fue ratificada en la Corte Nacional, el máximo ente judicial. Redujo de 17 a 10 años la pena de un extranjero, que así se acogió a la prelibertad.

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