La Corte Constitucional utilizó argumentos jurídicos para justificar un fallo político. De esta forma, maquilló una polémica decisión que tendrá profundas consecuencias democráticas a mediano plazo.
Lo adecuado hubiera sido que los magistrados constitucionales, por responsabilidad histórica, impulsen el camino hacia una reforma refrendada en consulta popular y no carguen, como así sucederá, con la responsabilidad de haber consolidado para Alianza País el poder total.
La reelección indefinida no es un simple cambio cosmético; puede derivar en un sistema de gobierno de partido único, proclive a una conducta autoritaria. El pluralismo político -mejor dicho, lo poco que queda de él- corre el riesgo de desvanecerse.
Esas primeras manifestaciones autoritarias se palparán en el famoso debate legislativo. El solo hecho de que Alianza País tenga 100 de los 137 votos del Parlamento es un argumento sólido que permite anticipar que no habrá debate político con las demás fuerzas de la oposición.
El dictamen, adicionalmente, terminó por precautelar los intereses políticos del personaje más poderoso del Ecuador de los últimos tiempos y también de un puñado de caciques locales de menor proyección. Esa consideración confiere al carisma una categoría superior frente a la norma jurídica y relega al segundo plano el concepto de alternancia en el poder.
En esa resolución, los jueces también señalan que permitir la reelección sin limitaciones es sintonizar con el principio constitucional de que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones.
Es un argumento falaz porque nada garantiza que Alianza País, por cuenta propia y siguiendo las sugerencias que la Corte de manera tibia expone en su fallo, se comprometa a que Rafael Correa no utilice la estructura del Estado a su favor. Él y Alianza País son los que son por la poderosa maquinaria que construyeron desde su ascenso al poder en el ya lejano 2007.