Estudiantes se manifestaron el pasado 5 de mayo del 2020 por el recorte presupuestario de más de USD 98 millones a la educación superior púbica. Acciones de incumplimento de sentencia y dictamen han sido ingresadas a la Corte Constitucional. Foto: Eduardo Terán/ EL COMRCIO.
El recorte presupuestario de más de USD 98 millones que afecta la educación superior pública de Ecuador también se analiza en el ámbito constitucional. Colectivos, organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y representantes de centros educativos han ingresado acciones de incumplimiento de sentencia y dictamen en la Corte Constitucional (CC), para que la medida quede sin efecto.
Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, ingresó una demanda de incumplimiento en la CC, con el respaldo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Fundación Pakta, Grupo de Rescate Escolar, Frente en Defensa de la Educación Pública, entre otras agrupaciones.
Este lunes 11 de mayo del 2020, Dávalos confirmó que la causa ya fue sorteada y que su sustanciación recayó en la jueza constitucional Carmen Corral. Las organizaciones que ingresaron la acción están a la espera de que se convoque a la audiencia, a la que también deberá asistir un representante de la Función Ejecutiva.
En la demanda, se denuncia un presunto incumplimiento del artículo 165 de la Constitución del Ecuador, que señala que durante el Estado de Excepción se pueden utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Dávalos dijo que también se incluyó en el proceso la resolución adoptada por el Consejo de Educación Superior (CES) el 7 de mayo pasado, que aumenta el número de horas de clase semanales para los docentes de las instituciones de educación superior públicas.
Alrededor de 150 estudiantes de la Universidad de Guayaquil también ingresaron una acción de incumplimiento en la CC. Este lunes 11 de mayo se conoció que la causa ya fue sorteada y asignada al juez Alí Lozada. “Solicitamos expresamente se requiera al Ejecutivo que conteste la demanda y que se convoque a audiencia”, señalaron alumnos y docentes en redes sociales.
Una acción similar también fue solicitada por representantes de universidades cofinanciadas. Autoridades de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), una de las instituciones que forma parte de esa modalidad, confirmaron que la causa está en manos de la jueza Teresa Nuques.
Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, comentó que también ingresó una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional. Ese proceso deberá ser tratado por el presidente de la CC, Hernán Saldado. En todos los casos los peticionarios piden que se convoque con celeridad a las audiencias, para avanzar en el trámite de los procesos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ratificó su apertura al diálogo con las universidades y escuelas politécnicas.
“En ese marco, la Senescyt ha mantenido reuniones permanentes con todas las autoridades de los centros académicos, y sus respectivos equipos técnicos, de las cuales se destaca su apertura y compromiso con el trabajo en conjunto”, reza el documento.
La entidad señaló que el ajuste presupuestario obedece a la menor recaudación de impuestos, que es el principal componente del presupuesto educativo. “Sin embargo, nuestro propósito fundamental es precautelar el bienestar de los estudiantes y docentes”, se lee en el boletín.