30 de mayo de 2019 00:00

La CC sentará un precedente para la explotación minera en el país

En noviembre del 2018, se realizaban actividades correspondientes a exploración en el  proyecto minero Cascabel. Foto: Archivo / EL COMERICO

En noviembre del 2018, se realizaban actividades correspondientes a exploración en el proyecto minero Cascabel. Foto: Archivo / EL COMERICO

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Andrés García y Mayra Pacheco. Redactores (I)

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La Corte Constitucional (CC), posesionada en febrero pasado, modificó los filtros para calificar las iniciativas de consultas populares ciudadanas.

Desde mediados de abril se resolvió que, ante un pedido de dictamen previo y vinculante de constitucionalidad para tramitar una consulta, no se requerirá la presentación de firmas de respaldo.

Anteriormente, los solicitantes primero debían pedir los formularios al Consejo Nacional Electoral (CNE) para recolectar rúbricas de apoyo, de acuerdo con el carácter del plebiscito: nacional o local. Posteriormente, tenían que pedir el dictamen de la Corte para calificar la pregunta.

Este tema volvió a la palestra luego de que la CC recibiera una solicitud de dictamen vinculante sobre la explotación minera en las parroquias Jijón y Caamaño, Goaltal (Carchi), Carolina y Lita (Imbabura).

En esas localidades se construye el proyecto minero Cascabel, que fue concesionado por el Gobierno para explotar reservas de oro y de cobre. A nombre de los comuneros se busca detener estas actividades extractivas.

La CC tiene 20 días para emitir su pronunciamiento. De resultar favorable, se notificará al CNE para que entregue los respectivos formularios.

El dictamen que emita la CC podría sentar un precedente para futuras solicitudes de este tipo. En el caso de la consulta popular de Quimsacocha, que se efectuó el 24 de marzo pasado, la Corte no se pronunció y archivó una causa que buscaba detener la consulta, pues alegó que “perdió competencia”.
Colectivos y comuneros de Girón, en Azuay, presentaron solicitudes de dictamen constitucional en mayo del 2012 y septiembre del 2015. Por ello, los magistrados adujeron que en la actualidad “perdieron competencia para el efecto”.

Los anteriores magistrados de la CC, quienes fueron cesados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-t), no se pronunciaron en los plazos legales.

La actual CC aclaró que la decisión de archivar la causa de la minería en Quimsacocha “no implicaba un pronunciamiento sobre el fondo”.

El presidente Lenín Moreno se refirió a las solicitudes para revertir concesiones mineras, y pidió a la CC que si se da paso a un mecanismo de este tipo, también se consulte de dónde se obtendrán los recursos a los que se pide renunciar.

El constitucionalista Ismael Quintana explica que la Carta Magna establece que el manejo de los sectores estratégicos es facultad exclusiva del Estado Central. Agregó que en la Constitución también se determinan limitaciones para realizar esta actividad, por lo que considera que una nueva consulta de este tipo sería improcedente.

Para David Ochoa, experto en derecho, la Corte debería resolver si se pueden realizar consultas populares en cantones o provincias sobre temas de interés nacional. Ochoa recordó que en las enmiendas a la Constitución, del 2015, que fueron anuladas por la anterior CC, ya se pretendía dejar claro que las consultas locales solo se pueden referir a temas de carácter seccional.

Agregó que el presidente Moreno, si así lo considera, también podría convocar a una consulta popular nacional o local para saldar este tema.
Según el Primer Mandatario, en agosto se presentará el nuevo mapa minero, para determinar las zonas en las que se podrá efectuar esta actividad.

Las reacciones del sector minero del país

Los recursos naturales son propiedad de todos los ecuatorianos y, por lo tanto, su manejo no debe ser discutido en el ámbito local, enfatizó Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador.

En Carchi e Imbabura, donde se solicitó el dictamen de la CC, operan las compañías SoldGold, Newcrest, BHP Billiton, Cornerstone, INV Metals, Codelco, Hancok Prospecting. Estas firmas están a cargo de proyectos denominados de segunda generación, como Llurimagua y Cascabel.

Actualmente, estos proyectos se encuentran en estado de exploración. Luego viene la evaluación económica del proyecto, la negociación del contrato, la construcción de la mina y finalmente la explotación.

Por esto, en el caso eventual de que las empresas mineras privadas salgan del sector, esto podría implicar posibles demandas en cortes internacionales en contra del Estado.

Además, estos territorios podrían ser ocupados por mineros ilegales, como ocurre en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura. Esta localidad no está incluida en el pedido que se remitió a la CC.

Henry Troya, exviceministro de Minería, cree que en el fondo lo que se busca es detener un proyecto legal y no la minería informal.

Jorge Barreno, gerente general del proyecto Loma Larga de INV Metals, consideró que la consulta efectuada en Girón no tiene impacto en el proyecto. Este tiene tres concesiones, una de ellas está parcialmente en este cantón.

Barreno sostiene que la consulta pone en riesgo los futuros montos de exportación de minerales, que en el caso de Loma Larga pueden llegar a USD 1 250 millones, en los 12 años que se calcula durará la mina.

Además, se ponen en entredicho USD 554 millones en impuestos y otros beneficios que recibiría el Estado ecuatoriano.

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