19 de marzo de 2019 00:00

La Corte Constitucional archiva pedido en caso Quimsacocha

Diana Atamaint, presidente del CNE, ayer, durante una entrevista en las instalaciones de este Diario. Foto: Roberto Peñafiel/ EL COMERCIO

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Redacción Política


Que nadie podrá frenar la consulta popular prevista para el próximo domingo en el sector de Quimsacocha, Azuay, ratificó ayer, 18 de marzo del 2019, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

Eso, a pesar de que gremios empresariales solicitaron que se acaten las medidas cautelares para que se suspenda ese proceso, las cuales fueron emitidas el pasado 13 de marzo por el juez Vicente Ribadeneira, de la Unidad Judicial de Medidas de Protección, y contra quien el Consejo Electoral impulsa un proceso de destitución.

En una rueda de prensa conjunta, el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Santiago Yépez, rechazó ayer cualquier intento de irrespetar la decisión judicial.

“Esperamos que los jueces de la Corte Constitucional no permitan que se afecten los derechos constitucionales, pues esto sentará un precedente importante para las nuevas inversiones mineras en el país”, dijo.

Ayer se debía efectuar una audiencia en la Unidad Judicial de Garantías Penales para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares, pero la diligencia se pospuso para hoy.

De su lado, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que precisó que ya no tiene competencia para calificar la constitucionalidad de unas preguntas para la consulta, que habían sido remitidas en el 2015 por el CNE.

“Esta decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo y el proceso electoral continúa de acuerdo con la convocatoria”, apuntó, tras señalar que la anterior Corte no se había pronunciado sobre el tema en el plazo establecido.

De su lado, Atamaint informó que hasta este viernes se amplió el plazo -que vencía el fin de semana pasado- para que las organizaciones políticas designen veedores para la consulta popular.SClB

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