12 de marzo de 2020 00:00

El Estado está tras USD 139 millones producto de la corrupción

El valor de la casa de Carlos Pólit, excontralor sentenciado por concusión en el caso Odebrecht, no se recupera. Foto: Archivo EL COMERCIO

El valor de la casa de Carlos Pólit, excontralor sentenciado por concusión en el caso Odebrecht, no se recupera. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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Tres años después de que el presidente Lenín Moreno anunciara una “cirugía mayor” contra la corrupción, la recuperación de dineros ilegales es mínima. En los nueve casos más sonados, la justicia ordenó a los procesados el pago de USD 139,5 millones como reparación integral a favor del Estado, pero nada de ello se ha concretado hasta este jueves 11 de marzo de 2020.

Las anteriores administraciones de la Secretaría Anticorrupción señalaban que habían recuperado USD 4,4 millones en el caso Petroecuador y USD 13,5 millones que a inicios del año pasado devolvió el empresario Tomislav Topic.

Este último rubro no se puede utilizar, porque por orden judicial está congelado de forma indefinida.

Adicionalmente, el Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) tiene en su poder casas, departamentos, terrenos, autos, joyas, entre otros, vinculados a personas procesadas en los juicios. Las propiedades se encuentran bajo custodia y hasta el momento no han pasado a nombre del Estado, no han sido rematados ni su valor ha ingresado a las cuentas del Tesoro Nacional.

En Anticorrupción se explica que “no se puede disponer de los bienes hasta que haya una sentencia ejecutoriada”.

Ayer, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, recordó que la recuperación de los capitales de la corrupción es un “trabajo complejo” y puso como ejemplo el caso de la constructora Odebrecht, cuya trama estalló en el 2017.

Con la finalidad de iniciar un proceso de reparación a favor del Estado ecuatoriano, el 10 de julio del 2019 se concretó la primera reunión entre las autoridades y los representantes de la empresa, que en Ecuador pagó USD 35 millones en sobornos. Después hubo una segunda cita. Salvador aseguró que tras ese encuentro no se llegó a ningún acuerdo. “No se trata de recibir USD 30 millones, aunque luego ampliaron (la oferta) a USD 50 millones. Es claro que el monto de las coimas y de otros posibles daños, que debemos determinar objetivamente, no se va a resarcir con USD 30, 50 u 80 millones, que es la cifra que ellos están manejando”.

Agregó que actualmente no hay interés de la compañía brasileña en reparar al Estado.

De la trama del caso Odebrecht se han desprendido otros juicios que ya obtuvieron sentencia. Por ejemplo, contra el exvicepresidente Jorge Glas, o contra el excontralor Carlos Pólit. En este último caso, el Estado tiene desde el 2017 una vivienda incautada, pero tampoco ha sido vendida ni sus recursos han entrado al Fisco, pues el exfuncionario impulsa apelaciones en las cortes. Él se encuentra prófugo en Estados Unidos y, según la Fiscalía, los bienes que tiene en Miami tampoco han sido incautados.

Lo mismo sucede en el caso Petroecuador, otra red de sobornos en la Refinería de Esmeraldas. El Estado tiene, desde el 2016, propiedades embargadas a los exfuncionarios, pero los juicios siguen activos en instancias de apelación.

En mayo del 2019, el presidente Moreno creó por Decreto la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción. Han pasado 10 meses y el trabajo del organismo no arranca.

La Secretaría Anticorrupción informó, el mes pasado, que ya se ultimaban las firmas de los informes, la aprobación del proyecto y el desembolso de USD 1 millón que el Ecuador entregó a la ONU para financiar todo el trabajo.

Ayer, Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, un organismo de la sociedad civil, criticó que “pese a los ofrecimientos, que son buenos, los resultados han sido más que pobres en lo que respecta a la recuperación del dinero”.

En esta administración también se firmaron convenios entre la Fiscalía General, la Judicatura, la Unidad de Análisis Financiero, la Contraloría y otros entes. Además, se habló de aprobar la Ley de Extinción de Dominio, se realizaron foros internacionales y se incorporó la Iniciativa para la Recuperación de Activos (STAR, por sus siglas en inglés).

“El camino para recuperar el dinero de la corrupción no es a través de los juicios contra las personas naturales, es decir, a los gerentes de las compañías o los contratistas. La devolución del dinero comenzará cuando Fiscalía inicie procesos penales a las personas jurídicas o empresas que recibieron contratos por parte del Estado, porque estas son las que recibieron el dinero”, dijo el penalista Mauricio Pacheco.

Los jubilados también piden respuestas concretas, pues en enero del 2019, el Presidente presentó como resultado de la campaña Recuperamos lo Robado, la entrega de los USD 13,5 millones de Topic. Entonces dijo que serviría para pagar las deudas a los jubilados.

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