El director ejecutivo de la CTE, José Gálvez, habló ayer sobre hechos de corrupción perpetrados en la entidad. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La red de corrupción que se habría descubierto en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) partía desde dos cibercafés ubicados en los alrededores de la institución.
La Fiscalía tiene esos datos y cree que desde allí se entregaban ilegalmente licencias o se anulaban las reducciones de puntos que constaban en los permisos de conducción.
Las indagaciones determinan que por cada trámite se cobraba no menos de USD 200.
El viernes se realizaron ocho allanamientos en la sede y se detuvo a siete personas. Una de ellas es funcionaria civil de la Comisión desde el 2013.
La fiscal María Coloma, quien encabezó el operativo, comentó el lunes, 12 de marzo del 2018, que se hicieron interceptaciones de llamadas, vigilancias y seguimientos desde el 31 de octubre del 2017.
En diciembre del 2017 se hizo otra intervención por corrupción. En ese entonces, se detuvo a un funcionario por posibles irregularidades en la emisión de licencias.
Coloma contó que ahora no se descarta que los sospechosos hayan cometido más de un delito. Entre ellos están: delincuencia organizada, cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias. Durante los allanamientos se encontraron licencias falsas y la máquina que servía para emitirlas.
¿Cómo operaba la red? Los tramitadores captaban usuarios en los dos cibercafés o en los exteriores del área de Brevetación. Ellos ofertaban turnos para cambiar la licencia en el interior de esos establecimientos.
Según Coloma, allí empezaba el proceso ilícito. “Hay acciones de cohecho, se sobornaba a los empleados (de la CTE) para agilitar las licencias”. También rebajaban multas, por ejemplo, de USD 450 a USD 250 o simplemente las eliminaban del sistema.
La red, incluso, había vulnerado el sistema de la Comisión. “Hay personas que no pasan el examen visual, pero les llamaban, planteaban el reclamo pertinente y al día siguiente ya pasaban el examen visual”, explicó la fiscal Coloma.
La mañana del 12 de marzo, José Gálvez, director ejecutivo de la entidad, dijo que se ha oficiado al Municipio de Guayaquil para que se revoquen los permisos de funcionamiento de los cibercafés que funcionan en los alrededores del edificio.
Al menos una docena de esos centros rodea a la CTE. Ofrecen servicios de fotocopias, de Internet o recargas.
Pero también hay anuncios de prestación de servicios, como obtener turnos para licencias o hacer pruebas antes de obtenerla.
Un administrador de esos locales, ubicado sobre la calle Cuenca, se mostró en desacuerdo con la medida anunciada. “Nosotros trabajamos para la ciudadanía; deberían investigar a quienes realmente usan un ciber para la corrupción”, cuestionó.
Como parte de las medidas, también se pedirá a la Policía Nacional que controle el ingreso y la salida de ciudadanos en la áreas de Brevetación y Títulos Habilitantes. Además, que vigilen el perímetro de la institución.
También se solicitará a la Fiscalía que en esas áreas se instale una brigada para que atienda “de primera mano” los posibles actos de corrupción.
Hasta el lunes no había datos concretos de cuántas personas habrían efectuado algún trámite a través de la red.
Sin embargo, Gálvez indicó que se entregará a la Fiscalía el listado de las personas que obtuvieron una licencia durante los tres últimos años, para que se verifique quiénes contactaron al grupo y sean investigadas por los agentes.
En los exteriores de la CTE, ayer no hubo presencia de tramitadores. Una usuaria recordó que, en diciembre del 2017, acudió a un ciber para realizar una prueba virtual y que ahí le ofrecieron sacar el documento el mismo día por USD 200.
La fiscal Coloma puntualizó que las investigaciones por este caso continúan y que no se descarta que en los próximos días se realicen nuevas vinculaciones con este suceso.
En las afueras de la Comisión de Tránsito del Ecuador, los usuarios pidieron que se realizaran controles permanentes para evitar que se produzcan más hechos vinculados con actos de corrupción.